Compilación de Koly Bader con asistencia de IA

La resolución bancaria se extiende a redacciones, servicios tecnológicos y operaciones bursátiles. Las publicaciones previas de ABC apuntaban a inversiones en software y circuitos de crédito entre firmas vinculadas.

La crisis de ueno bank dejó de ser un problema circunscrito a los ahorristas. La paralización informada en medios de VMedia, los allanamientos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez y la suspensión de operaciones de ueno Casa de Bolsa muestran repercusiones laborales, judiciales y financieras sobre el entorno empresarial del banco.

El punto de partida institucional fue la decisión del Banco Central del Paraguay, adoptada el 2 de noviembre y anunciada el día siguiente, de iniciar el procedimiento de resolución de ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido. El regulador atribuyó esa insuficiencia a ajustes en los estados financieros durante la regularización. La denominación oficial es «resolución bancaria»: el comunicado no acredita, por sí mismo, una sentencia judicial de quiebra.

El Grupo Vázquez es el controlador del banco mediante una cadena de sociedades y también reúne medios bajo VMedia. Ese vínculo empresarial permite comprender el alcance de la crisis, pero no convierte al banco, al holding y a cada compañía vinculada en una única persona jurídica ni demuestra que todas hayan quebrado.

VMedia: el costo inmediato lo pagan las redacciones

La dimensión laboral quedó expuesta en un despacho de la agencia de noticias EFE del 4 de noviembre: unos 300 trabajadores de medios del grupo resultaron afectados por una pausa de actividades y la falta de salario durante al menos 90 días. La información identifica a La Tribuna, Crónica, La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM, además de la plataforma La Tribu Stream dentro del ecosistema.

La Política Online describió suspensión de contratos sin goce de sueldo y desmantelamiento de estudios y sets. El periodista Gustavo Fretes comunicó la suspensión y el cese de actividades; otros comunicadores se despidieron de sus audiencias. Aunque el titular de esa nota habla de despidos, su desarrollo describe suspensiones: no corresponde presentar todos los casos como desvinculaciones definitivas.

El perjuicio también alcanza el dinero ya ganado. El periodista Edson Vázquez, de La Tribuna, relató que algunos empleados tenían sus salarios depositados en ueno y no pudieron retirarlos. Su testimonio sitúa en 270 el personal del holding mediático, frente a los aproximadamente 300 mencionados por EFE; las cifras deben atribuirse a sus respectivas fuentes y no tratarse como un censo definitivo.

La crisis llegó después de una expansión reciente. El medio especializado TAVI informó que el grupo ingresó a medios a mediados de 2025 y anunció, a finales de mayo de 2026, la compra de Trece y Unicanal al Grupo JBB. El portafolio descrito incluía también Tropicalia FM 93.9 y plataformas de streaming. No se divulgó el precio de la adquisición televisiva.

La interrupción informada reduce la producción periodística de las redacciones afectadas y deja en incertidumbre a sus trabajadores. Sin embargo, las fuentes consultadas no permiten extender el cese a todas las marcas del portafolio ni afirmar que Trece y Unicanal hayan cerrado.

El impacto sale de los medios: tecnología, crédito y mercado bursátil

Las repercusiones laborales no se limitan a VMedia. La Política Online recogió declaraciones de la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, sobre unas 7.000 personas de distintas firmas del conglomerado en incertidumbre laboral. Esa cifra corresponde a afectados, no a despidos verificados, y exige un examen empresa por empresa.

En tecnología, ABC Color informó del allanamiento del 5 de noviembre a oficinas de la empresa tecnológica ITTI, con incautación de equipos y documentación. La cobertura describió un operativo que incluyó o contempló instalaciones de Mowi S.A., Grupo Hendy, Grupo M, Tuiu, Aime, Red Digital de Procesamientos (REDPRO), Red Digital (REDISA), Technoma, Grupo Vázquez, ueno Casa de Bolsa, Vinanza y el propio banco. Las diligencias buscan reconstruir operaciones.

La afectación tecnológica también fue denunciada fuera del conglomerado. El Movimiento Resistencia Contable pidió a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios alternativas para contribuyentes con fondos bloqueados y problemas de facturación electrónica vinculados a un servicio de ITTI. Su representante, Lilian Torres, explicó que cambiar de proveedor requiere adaptar sistemas y afrontar costos, mientras continúa la obligación de documentar las ventas. Se trata de un reclamo de usuarios recogido por ABC, no de una auditoría de todos los servicios de la tecnológica.

En el mercado de valores, la Bolsa de Asunción suspendió preventivamente a ueno Casa de Bolsa tras un incumplimiento en una recompra de reporto del 3 de noviembre y un aviso de que próximos vencimientos no serían liquidados hasta nuevo aviso. Según ABC, la restricción impide nuevas operaciones bursátiles y no tiene fecha definida de levantamiento; las comunicaciones no precisan los montos comprometidos.

A ello se suma el embargo preventivo informado por ABC sobre sociedades de la cadena controlante del banco —U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez— y sus principales directivos. La medida busca preservar activos para el procedimiento, sin constituir una condena definitiva. No debe confundirse con un embargo general de todas las empresas del conglomerado.

Las alertas de ABC Color antes de la resolución bancaria

Antes de la intervención, ABC Color publicó una serie de análisis de balances e informes de supervisión. Sus cuestionamientos se concentran en la valoración de activos tecnológicos, el desglose de otras cuentas y el crédito a compañías relacionadas. Son publicaciones periodísticas: no deben confundirse con denuncias penales presentadas por el diario ni con conclusiones judiciales firmes.

El 16 de agosto, ABC informó que el saldo neto de «Bienes Intangibles – Sistemas» de ueno al cierre de 2025 ascendía a Guaraníes 761.444 millones. El diario lo contrastó con Guaraníes 269.233 millones registrados conjuntamente por otros nueve bancos y con una oferta de ITTI de Guaraníes 136.000 millones para un sistema central del Banco Nacional de Fomento. La publicación preguntaba si los números estaban inflados; planteaba un cuestionamiento sobre la valoración, no demostraba por sí sola una sobrevaluación.

Anticipos y operaciones con vinculadas sin desglose suficiente

El 18 de agosto, ABC examinó la cuenta «Créditos Diversos». Identificó Guaraníes 385.276 millones agrupados bajo anticipos a proveedores de software, gastos adelantados y otros conceptos con personas y empresas vinculadas. Su objeción era que el balance no discriminaba cuánto correspondía a cada concepto. La propia nota aclaró que los estados financieros no permitían concluir que ITTI hubiera recibido esos recursos, aunque otros documentos acreditaban su participación en servicios tecnológicos para ueno

Ingresos registrados como «Proyectos»

El 21 de agosto, ABC cuestionó Guaraníes 200.400 millones de ingresos de 2025 bajo la denominación «Proyectos», equivalentes, según el cálculo publicado por el diario, al 64% de la utilidad neta anual. Señaló que las notas del balance no explicaban suficientemente su contenido operativo o comercial y contrastó esos ingresos con el retroceso de la intermediación financiera tradicional. La alerta se refería a la composición y transparencia de las ganancias, no a una prueba autónoma de ingresos ficticios.

Créditos a Mowi, Grupo Hendy y Grupo M

El 12 de octubre, ABC publicó que ueno había movilizado alrededor de US$ 146 millones hacia Mowi S.A., Grupo Hendy S.A. y Grupo M S.A., mediante préstamos y sobregiros entre septiembre de 2025 y mayo de 2026. El artículo se apoyó en un informe de supervisión del Banco Central del Paraguay del 8 de junio y describió transferencias accionarias a empleados del grupo, financiamientos sin garantías reales y exposición por encima del límite permitido a vinculadas. Debe distinguirse el flujo acumulado de desembolsos del saldo adeudado: la propia nota situaba este último en unos US$ 123 millones a abril.

ABC también señaló que fondos recibidos por esas prestatarias terminaron en otras firmas del entorno, entre ellas ITTI y Redisa, para cubrir sobregiros. Ese señalamiento es relevante para investigar la dependencia financiera entre empresas, pero no demuestra que todo el portafolio, incluidos los medios, recibiera esos préstamos.

Es conveniente consignar que el diario ABC color pertenece al grupo editorial Azeta S.A, grupo de medios enfrentado a los medios del Grupo Vázques.

Coincidencias entre depósitos públicos y desembolsos

El 13 de octubre, el diario comparó documentos del Banco Central del Paraguay con planillas del Ministerio de Economía y del Instituto de Previsión Social. Publicó coincidencias temporales y de magnitud entre aumentos de depósitos públicos y créditos a las tres firmas: entre sus ejemplos, un aumento de US$ 36 millones en depósitos durante septiembre de 2025 frente a préstamos por casi US$ 38,9 millones el día 26 de ese mes. La coincidencia es un indicio que requiere trazabilidad; no permite asignar automáticamente cada préstamo a un depósito público concreto.

Nuevos préstamos para cubrir deudas anteriores

El 26 de octubre, ABC describió otro circuito, también atribuido a informes del Banco Central del Paraguay, con Vinanzas, La Tropa, Aime, Kasas Propiedades y Sagas. Según la publicación, recursos procedentes de nuevos créditos pasaron por distintas firmas hasta permitir pagos parciales de obligaciones de Mowi, Grupo Hendy y Grupo M. Un ejemplo reconstruía transferencias entre Sagas, Kasas, Vinanzas, ITTI y Grupo M. El diario cuestionó, además, que ese informe no se hubiera remitido al Senado. Tanto el circuito como la presunta omisión deben atribuirse a la documentación descrita por ABC, no presentarse como una sentencia.

Después de la resolución, la investigación penal abordó también la venta de cartera a Vinanzas. La Nación, al reseñar la imputación fiscal, informó que se investigaba si la compradora carecía de fondos propios y había sido financiada indirectamente por el banco. Esa hipótesis fiscal es distinta de los análisis previos de ABC y permanece pendiente de comprobación judicial.

La respuesta de ueno y el papel de sus medios

El 21 de agosto, ueno rechazó las publicaciones del Grupo ABC en una carta abierta difundida por Unicanal. Sostuvo que las comparaciones tecnológicas no consideraban diferencias de escala y modelo de negocio, negó que las interpretaciones acreditaran incumplimientos y cuestionó el alcance concedido a su pedido de réplica. Invocó auditorías externas, calificaciones y financiación internacional como respaldo de su posición. Son argumentos del banco en ese momento, no una validación independiente de las operaciones posteriormente investigadas.

La presentación de Unicanal calificó las publicaciones de «campaña» y «ataques mediáticos». La cobertura especializada había identificado meses antes a Unicanal como parte del portafolio adquirido por el Grupo Vázquez. Esa pertenencia resulta pertinente al evaluar la fuente que difundió la defensa, pero no basta para probar que hubiera instrucciones de censura o una política editorial impuesta a todos los periodistas.

Una crisis común, consecuencias distintas

El mapa de las repercusiones es desigual: las redacciones afectadas afrontan suspensiones e incertidumbre salarial; la tecnológica ITTI aparece en allanamientos y reclamos por servicios; ueno Casa de Bolsa enfrenta restricciones operativas; y sociedades controlantes del banco quedaron alcanzadas por medidas cautelares. La información disponible acredita esas consecuencias específicas, no la quiebra simultánea de todas las empresas del grupo.

El Banco Central del Paraguay sostiene que la situación es puntual y no una condición generalizada del sistema financiero paraguayo. Mientras se verifica el patrimonio del banco, permanecen abiertas cuestiones decisivas: qué empresas dependían de su financiación, qué recursos podrán recuperarse y cómo se resolverán las obligaciones laborales de los medios. Las denuncias periodísticas aportan preguntas y documentos; la investigación deberá determinar responsabilidades, respetando la presunción de inocencia de los investigados.

El frente penal: imputaciones, prisión preventiva y allanamientos

La crisis ya tiene consecuencias procesales sobre la conducción del banco y personas relacionadas con empresas del mismo entorno. La Fiscalía imputó a 27 personas el 4 de noviembre por presuntos hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio. La causa incluye a ocho personas vinculadas a la conducción y fiscalización de ueno y a otras 19 relacionadas con sociedades como Mowi, Grupo Hendy, Grupo M, Tuiu, Franede y Aime. La imputación atribuye provisionalmente hechos y abre una investigación: no constituye una condena.

Seis órdenes de prisión preventiva y traslados a establecimientos penitenciarios

El 5 de noviembre, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia dispuso prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos. La decisión fue más severa que el pedido inicial de la Fiscalía, que había solicitado prisión preventiva únicamente para Vázquez y arresto domiciliario para los otros siete integrantes de la conducción investigados. Según la cobertura de Noticias Paraguay, el magistrado fundamentó las medidas en riesgos procesales, incluido el peligro de fuga.

El 6 de noviembre, ABC Color informó del ingreso de Vázquez, Gustale, Rey, Gómez Abente y Duarte al Centro Nacional de Prevenidos, la antigua cárcel de Tacumbú. La misma actualización señaló que Almada cumpliría reclusión en Emboscada. Esta información posterior sitúa a Duarte en el Centro Nacional de Prevenidos, a diferencia del destino inicialmente publicado el día anterior. Los seis permanecen en condición de procesados, no de condenados.

Dos arrestos domiciliarios con vigilancia electrónica

Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani recibieron arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. Noticias Paraguay informó también de la prohibición de cambiar de domicilio y de comunicarse con los demás coimputados. La cobertura recogió el anuncio de las defensas de recurrir las medidas. Estas restricciones, como la prisión preventiva, buscan asegurar el sometimiento al proceso y no anticipan una declaración de culpabilidad.

Allanamientos y preservación de pruebas en empresas vinculadas

La noche del 5 de noviembre, una comitiva fiscal y policial allanó las oficinas de ITTI en Torres del Paseo, en Asunción. ABC Color informó de la incautación de computadoras, discos duros, teléfonos y documentación dentro de la investigación sobre ueno. Su cobertura describió un operativo que incluyó o contempló actuaciones en al menos 13 empresas e instalaciones, entre ellas Mowi, Grupo Hendy, Grupo M, Tuiu, Aime, las firmas de procesamiento digital, Technoma, Grupo Vázquez, ueno Casa de Bolsa, Vinanza y el propio banco. La inclusión de una empresa en estas diligencias no acredita que todos sus empleados o directivos estén imputados.

La Nación recogió el 6 de noviembre declaraciones del jefe de Investigación de Cibercrimen, Diosnel Alarcón, sobre servidores, dispositivos de almacenamiento y documentación asegurados en ITTI. El comisario dijo que algunos equipos habían sido retirados antes del ingreso y que se analizarían imágenes de seguridad. Se trata de una observación policial que deberá verificarse: no permite afirmar, sin resultados periciales, que hubiera destrucción u ocultamiento deliberado de pruebas.

Pedidos de restricciones patrimoniales, distintos de las penas

En la imputación, la Fiscalía solicitó inhibiciones para vender o gravar bienes e inmovilización preventiva de cuentas de los investigados y empresas individualizadas. ABC informó que para las otras 19 personas vinculadas a sociedades se habían solicitado fianzas. Esos requerimientos deben distinguirse de las medidas ya dictadas: las fuentes utilizadas en este apartado no permiten confirmar la resolución individual de todas esas solicitudes. Tampoco corresponde equiparar el embargo civil promovido por el Banco Central del Paraguay con una pena de confiscación.

Hasta el corte informativo de este apartado —6 de noviembre de 2026, a las 13:50, hora de Argentina—, las actuaciones reseñadas son imputaciones, medidas cautelares y diligencias de investigación. No se ha identificado en las fuentes consultadas una sentencia condenatoria por esta causa. La responsabilidad penal deberá establecerse de manera individual; no se extiende automáticamente a todo el Grupo Vázquez ni al personal de VMedia

Consecuencias para autoridades del Gobierno

La crisis alcanzó también a las autoridades públicas. Carlos Carvallo renunció a la presidencia del Banco Central del Paraguay el 3 de noviembre y el director Marco Aurelio González dimitió el día siguiente. Santiago Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre, pero su aceptación quedó pendiente por falta de cuórum; el Senado continuó el juicio político por presunto mal desempeño. El pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana fue rechazado. Estas consecuencias políticas no equivalen a condenas penales.

En paralelo, la Fiscalía anunció investigaciones que incluyen a Peña y, en otra denuncia, a Alliana, al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos y a autoridades y exfuncionarios del Banco Central, del Instituto de Previsión Social y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Las denuncias cuestionan la supervisión bancaria y la colocación de fondos públicos. Las fuentes consultadas no acreditan órdenes de prisión contra esos funcionarios por esta causa.

El presidente Peña fue finalmente destituido por juicio político con voto unánime de ambas cámaras. Significa que tampoco será Senador vitalicio como estipula la constitución del país para los expresidentes, por tanto no tendrá fueros. Deberá enfrentar demandas penales. Su detención ya fue ordenada por los fiscales en el marco de la causa N.º 92/2026, abierta por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. La resolución fue remitida a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento. También involucra al ex presidente del Banco Central Carlos Carvallo. A hoy Peña se encuentra con detención domiciliaria.

Nota de elaboración: artículo basado en comunicados públicos, publicaciones periodísticas y testimonios reproducidos por esos medios, consultados el 6 de noviembre de 2026. No se realizaron entrevistas propias ni se examinaron directamente todos los expedientes o balances originales. La respuesta de ueno citada corresponde a agosto y no sustituye una respuesta actual a cada acusación. No se dispone de evidencia suficiente para atribuir a créditos investigados la financiación de las adquisiciones de VMedia.

Resumen de fuentes consultadas

Las fuentes se consultaron el 6 de noviembre de 2026. El artículo combina información oficial, investigaciones periodísticas, testimonios reproducidos por medios y la respuesta pública del banco. Las republicaciones de un mismo despacho no se consideran confirmaciones independientes.

Información oficial y análisis de ABC Color

Banco Central del Paraguay: comunicado del 3 de noviembre sobre el inicio del procedimiento de resolución de ueno, la insuficiencia de solvencia y el alcance institucional de la medida. Es la fuente primaria utilizada para la decisión regulatoria.

ABC Color — balances y operaciones vinculadas: publicaciones del 16, 18 y 21 de agosto sobre sistemas informáticos, «Créditos Diversos» e ingresos bajo «Proyectos»; y del 12, 13 y 26 de octubre sobre préstamos a Mowi, Grupo Hendy y Grupo M, coincidencias con depósitos públicos y circuitos de financiación. El artículo resume el análisis del diario; no reproduce una auditoría propia de los documentos originales.

ABC Color — consecuencias empresariales y judiciales: informaciones del 3 al 6 de noviembre sobre embargos, imputaciones, prisión preventiva, traslados penitenciarios, allanamientos en ITTI, dificultades de facturación electrónica y suspensión de ueno Casa de Bolsa. Son coberturas periodísticas de actuaciones oficiales y reclamos, no sentencias examinadas directamente.

Medios, trabajadores y estructura del grupo

Agencia EFE, reproducida por ABC Color: despacho del 4 de noviembre sobre la paralización de medios de VMedia y los trabajadores afectados. Las informaciones de EFE reproducidas por otros portales corresponden a la misma fuente de origen.

La Política Online y AnalistaMacro: aportaron información sobre suspensiones sin sueldo, desmantelamiento de estudios e incertidumbre laboral; AnalistaMacro reprodujo el testimonio de Edson Vázquez sobre salarios bloqueados y el personal del holding mediático. Las estimaciones de afectados se atribuyen a cada fuente, sin considerarlas un censo definitivo.

TAVI y Forbes Argentina: TAVI documentó el portafolio de VMedia y la adquisición de Trece y Unicanal; Forbes describió la cadena de sociedades que controla ueno y la participación del Grupo Vázquez. Son fuentes secundarias para la estructura empresarial.

Unicanal: publicación del 21 de agosto que reproduce la carta abierta de ueno contra las informaciones de ABC. Se utiliza como fuente de la posición del banco, no como verificación independiente de sus afirmaciones.

Investigación penal y autoridades públicas

La Nación y Noticias Paraguay: La Nación reseñó la imputación fiscal y recogió declaraciones policiales sobre los equipos asegurados en ITTI. Noticias Paraguay informó sobre las prisiones preventivas, los arrestos domiciliarios, las restricciones de contacto y la reacción de las defensas.

EFE, BBC News Mundo y El País de Uruguay: EFE informó sobre la renuncia presentada por Peña y su inclusión en investigaciones; BBC News Mundo, reproducida por Teletica, explicó el trámite pendiente de la renuncia, la continuidad del juicio político y el rechazo del pedido contra Alliana; El País detalló las autoridades mencionadas en denuncias. Para las renuncias de Carlos Carvallo y Marco Aurelio González se utilizó también un despacho de EFE publicado por ABC el 4 de noviembre.

Alcance: no se realizaron entrevistas propias ni se accedió directamente a todos los expedientes judiciales, informes de supervisión o balances citados por los medios. Los dichos de trabajadores, autoridades, fiscales y defensas se atribuyen a las publicaciones que los recogieron. Las investigaciones, las medidas cautelares y las versiones empresariales se distinguen de hechos acreditados por sentencia.