Recopilación Koly Bader-FSN-Tucumán

El núcleo más grave y mejor documentado se concentra en Francia, Bélgica, Italia, Albania y Portugal. En estos cinco países, Naciones Unidas expresó preocupación por una escalada de violencia y por informes de fuerza policial innecesaria o excesiva, incluso contra menores. España presenta movilizaciones amplias por vivienda y educación, con episodios localizados de cargas y detenciones; Grecia registra protestas educativas y sociales, aunque la represión aparece menos claramente documentada en las fuentes revisadas.

País por país

El caso de España

El ciclo actual no surgió de manera repentina. Se apoya en años de encarecimiento de alquileres y compraventa, escasez de vivienda social, expansión del alquiler turístico y creciente distancia entre salarios y costes residenciales. La chispa inmediata fue el desahucio, el 23 de septiembre de 2026, de Maricarmen Abascal, de 87 años, de la vivienda madrileña en la que había residido durante décadas. Su caso convirtió un problema estructural en un símbolo político y humano.

El 26 de septiembre, una manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas concluyó con una acampada en la Puerta del Sol. El campamento, comparado con el 15-M por su localización y organización asamblearia, se replicó en otras ciudades y articuló demandas previamente dispersas: rebaja sustancial de los alquileres, contratos estables, suspensión de desahucios sin alternativa habitacional, ampliación del parque público y límites a fondos de inversión y grandes tenedores.

La movilización pasó rápidamente de un conflicto madrileño a una campaña estatal. A comienzos de octubre se convocaron marchas en más de cincuenta ciudades, con participación de sindicatos de inquilinos, asociaciones vecinales, jóvenes, estudiantes y sectores sindicales. Las protestas también incorporaron críticas a las administraciones autonómicas y municipales, responsables de buena parte de la política urbanística y de vivienda.

Las consecuencias políticas no tardaron en mostrarse:

1. Respuesta legislativa inmediata. La presión callejera empujó al Gobierno de coalición a aprobar dos decretos de emergencia. Incluían prórrogas contractuales, límites a determinadas subidas, protección frente a desahucios, regulación del alquiler temporal y por habitaciones y restricciones a operaciones especulativas de fondos. Aunque los movimientos los consideraron insuficientes, los apoyaron como un primer avance.
2. Derrota parlamentaria y crisis de la mayoría de gobierno. El Congreso rechazó los decretos el 2 de octubre con los votos contrarios de Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts). La votación exhibió la fragilidad de la mayoría parlamentaria y convirtió la vivienda en una prueba de gobernabilidad. También aumentó la presión sobre los socios de izquierda y los partidos decisivos, obligándolos a fijar posición frente al movimiento de inquilinos.
3. Centralidad electoral de la vivienda. Tras la derrota legislativa y la expansión de las protestas, Pedro Sánchez adelantó las elecciones generales al 29 de noviembre de 2026. La vivienda pasó de ser una política sectorial a convertirse en uno de los ejes principales de la campaña, enfrentando una orientación reguladora y de protección al inquilino con otra centrada en ampliar la oferta y preservar la seguridad jurídica de propietarios e inversores.
4. Convergencia con el movimiento sindical. Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) asumieron la demanda y convocaron una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre, vinculando vivienda con salarios y poder adquisitivo. Así, una protesta inicialmente encabezada por organizaciones de inquilinos se transformó en un conflicto sociolaboral de alcance nacional.
5. Reordenamiento del debate territorial. Las movilizaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña, Palma, Santander, Santiago y otras ciudades demostraron que la crisis no se limita a las grandes capitales. Esto desplazó responsabilidades hacia comunidades autónomas y ayuntamientos y reforzó la exigencia de coordinar suelo, vivienda pública, regulación turística y protección social.
6. Polarización y disputa por el orden público. La mayoría de las marchas fueron pacíficas, pero los incidentes en Valencia, ámbitos universitarios y, posteriormente, A Coruña introdujeron el debate sobre cargas, detenciones, proporcionalidad policial y violencia de grupos minoritarios. La discusión política comenzó a dividirse entre el contenido social de las demandas y el encuadre de seguridad.

La principal consecuencia política ha sido alterar la agenda y el calendario institucional: las movilizaciones provocaron medidas gubernamentales, expusieron la debilidad parlamentaria, impulsaron una huelga general y precipitaron elecciones anticipadas. Al mismo tiempo, consolidaron al movimiento de inquilinos como actor político autónomo, capaz de presionar tanto al Gobierno como a la oposición y a los ejecutivos territoriales.

Su evolución futura dependerá de si mantiene una alianza amplia entre inquilinos, sindicatos y estudiantes; de la respuesta concreta a los alquileres y desahucios; y de si los episodios de violencia y la respuesta policial desplazan el debate desde el derecho a la vivienda hacia el orden público.

El caso de Francia

Francia concentra uno de los conflictos sociales más graves del actual ciclo de protestas europeas. Estudiantes secundarios y universitarios, docentes, sindicatos, trabajadores, agricultores, chalecos amarillos y colectivos contra la carestía confluyeron en reclamos por más recursos educativos, mejores salarios y pensiones, reducción de precios y combustibles, defensa de los servicios públicos y rechazo del ajuste fiscal y de la violencia policial.

La respuesta estatal fue especialmente severa. Las autoridades desplegaron gases lacrimógenos, realizaron detenciones masivas e impusieron prohibiciones de concentraciones y toques de queda en determinadas zonas. La amplitud de los controles, las restricciones a la protesta y la presencia policial reforzada proyectaron, para manifestantes y organizaciones críticas, la imagen de un Estado que actuaba con una lógica propia de un estado policial, en el que la seguridad y el control del espacio público prevalecían sobre el ejercicio de las libertades civiles. La escalada también incluyó saqueos, incendios y ataques contra edificios y agentes, pero Naciones Unidas expresó preocupación por posibles excesos policiales, incluso contra menores. La combinación de conflictividad social, violencia callejera y restricciones extraordinarias convirtió a Francia en uno de los principales focos de tensión y represión documentada en Europa.

Patrones comunes en toda la Unión Europea (UE)

• Juventud y educación: estudiantes y docentes funcionan como detonantes en Francia, Bélgica, Albania, Italia y Grecia.
• Vivienda: es el eje central en España y Portugal, y un componente importante en Francia e Italia.
• Poder adquisitivo: salarios rezagados, combustibles, alimentos y servicios básicos articulan protestas sindicales y populares.
• Austeridad y prioridades presupuestarias: se cuestionan recortes sociales y educativos, junto con mayores partidas militares.
• Gobernabilidad y corrupción: Albania presenta el reclamo político más directo, con exigencia de dimisión gubernamental.