La otra forma en que nos roban la patria

La otra forma en que nos roban la patria

Quién se queda con el agua: minería, petróleo y privatización bajo la lupa. Documentos oficiales, estudios ambientales e informes técnicos exponen una trama que nos expone a un futuro sin agua potable.

Fecha de Publicación: 07-10-2026

La evidencia está dispersa entre censos, informes de impacto ambiental, estudios de organizaciones especializadas y expedientes oficiales. Leída en conjunto, revela una contradicción central: mientras una parte de la población argentina sigue fuera de las redes de agua segura y saneamiento, grandes proyectos mineros y petroleros reciben autorización para extraer enormes volúmenes de cuencas frágiles, y el principal servicio de agua del país avanza hacia manos privadas. No se trata de una única amenaza, sino de un sistema de presiones que combina sobreconsumo, contaminación, fiscalización desigual y mercantilización.

El punto de partida desmiente la idea de una abundancia garantizada. El Censo 2022 informó que el 85,4% de las viviendas utilizaba agua de red pública para beber y cocinar: casi una de cada siete quedaba fuera de esa cobertura. En los barrios populares, los datos oficiales citados eran todavía más severos: 11,6% de acceso formal al agua y apenas 2,5% a cloacas. Sobre esa desigualdad preexistente se despliega la expansión extractiva.

El mapa de la presión: salares, glaciares y cuencas petroleras

En la Puna, la minería de litio opera sobre salares situados en regiones áridas, con lluvias escasas y ciclos de recarga extremadamente lentos. La investigación de FARN sobre Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc y Olaroz-Cauchari advirtió un riesgo “muy probable” de degradación irreversible de las reservas de agua dulce ubicadas en los bordes de esos sistemas. El dato clave es hidrogeológico: el agua dulce y la salmuera no forman compartimentos aislados. El bombeo intensivo puede modificar equilibrios construidos durante miles de años y afectar vegas, humedales y fuentes utilizadas por comunidades locales.

Los informes ambientales de las propias compañías permiten dimensionar el consumo. Una investigación que comparó esos documentos estimó que el proyecto Fénix utiliza 135,5 metros cúbicos de agua dulce por cada tonelada de carbonato de litio; Olaroz, 51 metros cúbicos. Las tecnologías difieren y también cambia la proporción entre agua dulce y salmuera extraída, pero el conflicto de fondo permanece: en cuencas cerradas, cada metro cúbico destinado a la producción compite con los usos domésticos, la ganadería de altura, la agricultura familiar y la conservación de los humedales.

En San Juan, la investigación cambia de escenario, pero no de lógica. Greenpeace documentó intervenciones mineras sobre glaciares y ambiente periglacial, incluso en áreas inventariadas y protegidas por la Ley 26.639. Esos cuerpos almacenan y regulan agua para los ríos San Juan y Jáchal. La controversia, por lo tanto, no enfrenta sólo minería y paisaje: enfrenta proyectos económicos con reservas estratégicas que sostienen consumo, riego y ecosistemas aguas abajo.

Vaca Muerta: el agua que entra al pozo y los residuos que regresan

La fractura hidráulica requiere perforar la roca e inyectar agua, arena y aditivos químicos a alta presión. El procedimiento deja dos huellas: el volumen captado de ríos y acuíferos y el fluido que retorna a la superficie con sales, hidrocarburos y sustancias empleadas durante la operación. FARN enumera entre los principales riesgos el consumo y la contaminación del agua, la afectación del suelo, la generación de residuos y la sismicidad inducida. Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue señalaron particularmente la extracción desde el río Neuquén, una fuente sometida además a ciclos secos cada vez más marcados.

La cadena de riesgo continúa fuera del yacimiento. El agua de retorno necesita tratamiento o disposición controlada; los barros y recortes de perforación tampoco pueden quedar expuestos. Informes del Observatorio Petrolero Sur, elaborados a partir de actas oficiales, documentaron irregularidades persistentes en plantas de tratamiento de residuos petroleros de Neuquén. El patrón que surge de esos registros es revelador: la renta se concentra en la operación, mientras los costos de una fiscalización insuficiente recaen sobre el suelo, el aire, los cursos de agua y las poblaciones cercanas.

El negocio del servicio: la privatización vuelve al centro de la escena

La apropiación privada del agua no ocurre únicamente mediante permisos de extracción. También avanza a través del control de las redes que la potabilizan y distribuyen. En 2026, el Gobierno nacional lanzó la licitación para vender el 90% de AySA, prestadora de agua potable y saneamiento para alrededor de 14 millones de personas en el área metropolitana. El esquema prevé un contrato de 30 años, prorrogable por diez. La pregunta de investigación es concreta: ¿qué ocurre con la ampliación de redes, el mantenimiento y las tarifas cuando una obligación pública queda regida por metas de rentabilidad?

El antecedente argentino obliga a mirar más allá de las promesas de eficiencia. La concesión de Aguas Argentinas, iniciada en 1993, fue rescindida en 2006. El decreto de rescisión reconoció incumplimientos reiterados en inversiones, expansión y calidad. La experiencia no demuestra que toda gestión privada deba fracasar, pero sí impide presentar la privatización como garantía automática de modernización. Sin obligaciones verificables, sanciones y control público, las obras menos rentables pueden postergarse y el acceso puede segmentarse según la capacidad de pago.

Contaminación: una trama que excede a la minería y al petróleo

El deterioro hídrico no puede medirse sólo por lo que se extrae. También importa qué sustancias quedan en el agua o alcanzan las napas. La minería puede movilizar metales y sales, producir drenajes y generar derrames de reactivos o fallas en diques de colas. La actividad hidrocarburífera suma derrames, lodos, aguas de retorno y compuestos como benceno, tolueno y xileno. A esa carga se agregan agroquímicos, efluentes industriales, basurales, descargas cloacales con tratamiento insuficiente y contaminantes naturales como el arsénico, extendido en aguas subterráneas de diversas regiones del país.

El problema de control aparece en la arquitectura institucional. El régimen nacional exige que los establecimientos industriales declaren sus efluentes, obtengan autorización de vuelco y respeten parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. Sin embargo, el Instituto Nacional del Agua mantiene un proyecto destinado a ordenar una normativa dispersa entre Nación, provincias, municipios y autoridades de cuenca. Esa fragmentación dificulta comparar datos, seguir contaminantes de una jurisdicción a otra y determinar responsabilidades. Sin monitoreo continuo, laboratorios independientes, sanciones efectivas y acceso público a la información, la regulación corre detrás del daño.

Lo que los documentos dejan sin respuesta

Los estudios revisados permiten identificar impactos y riesgos, pero también exhiben vacíos decisivos: faltan balances hídricos acumulativos por cuenca, series públicas y comparables sobre consumo real, trazabilidad completa de residuos y una evaluación independiente que contemple varios proyectos funcionando al mismo tiempo. La sequía y el cambio climático agravan el escenario, pero no explican por sí solos la crisis. El agua se vuelve escasa o insegura también por decisiones administrativas: permisos concedidos sin información suficiente, controles tardíos, sanciones débiles y prioridades productivas que desplazan al abastecimiento humano y a los ecosistemas.

Una política de seguridad hídrica debería cerrar esos vacíos: datos abiertos por cuenca; evaluaciones ambientales acumulativas e independientes; consulta efectiva a las comunidades; protección estricta de glaciares y ambientes periglaciares; límites verificables al consumo minero y petrolero; trazabilidad de residuos; recomposición obligatoria del daño; y una inversión sostenida en redes y saneamiento. UNICEF recuerda que el derecho al agua exige que sea segura, accesible y asequible. Una cañería no garantiza ese derecho si el agua llega contaminada, de manera intermitente o a un precio excluyente.

La investigación conduce a una conclusión incuestionable: la amenaza sobre el agua potable no responde a un accidente aislado ni a una fatalidad natural. Es el resultado acumulado de un modelo que autoriza consumos intensivos, tolera información incompleta, fragmenta los controles y abre servicios esenciales al negocio privado. La Argentina todavía puede tratar el agua como un derecho humano y una reserva estratégica. Pero si entrega las fuentes, debilita la fiscalización y subordina las redes a la rentabilidad, no estará financiando el desarrollo: estará liquidando, gota a gota, su seguridad futura.