Futuro Soberano
Principal Contratapa Documentos FSN Mujeres Soberanistas Debates Formación Noticias Datos Arte Soberano En la Web FSNredes Libros

  • Argentina perdió una superficie forestal casi igual a Tucumán

Fecha de Publicación: 07-10-2026

La cifra central: entre 2015 y 2024, la Argentina perdió aproximadamente 2,1 millones de hectáreas de bosque nativo. La estimación reúne los cambios anuales de cobertura publicados por el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques Nativos, que detecta y cuantifica la pérdida mediante imágenes satelitales, teledetección y sistemas de información geográfica. No significa que toda esa superficie haya sido talada: la categoría “pérdida de bosque” incluye desmontes y áreas afectadas por incendios u otros cambios de cobertura.

La comparación permite dimensionar el daño. Tucumán tiene 22.524 kilómetros cuadrados, es decir, 2.252.400 hectáreas. Al dividir 2.100.000 por 2.252.400, el resultado es 0,93: la superficie de bosque perdida en diez años equivale al 93% del territorio tucumano. En términos simples, Argentina borró del mapa forestal casi una provincia de Tucumán.

Qué muestran los datos más recientes: para 2024, Greenpeace procesó imágenes satelitales de las cuatro provincias donde se concentra cerca del 75% de los desmontes del país. Registró 119.886 hectáreas desmontadas: Santiago del Estero, 54.123; Chaco, 39.182; Formosa, 15.069; y Salta, 11.512. En esa misma región identificó además 29.763 hectáreas de bosque incendiadas: Formosa, 21.846; Salta, 3.591; Chaco, 2.536; y Santiago del Estero, 1.790. La suma regional fue de 149.649 hectáreas afectadas en un solo año.

Qué no se sumó: los incendios de humedales se informan por separado porque no siempre ocurren sobre bosque nativo y porque una misma hectárea quemada puede aparecer después como pérdida de cobertura. Por esa razón, agregar sin depuración los registros de incendios a los 2,1 millones inflaría el total. El caso del Delta del Paraná —con más de 195.000 hectáreas quemadas durante 2022, según Greenpeace— sirve para mostrar la escala de la emergencia, pero no integra automáticamente la cuenta decenal de bosque nativo.

La geografía de la crisis: el núcleo del desmonte está en el Gran Chaco —Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa—, impulsado principalmente por el avance agropecuario. Córdoba y el Litoral sufren incendios recurrentes; Misiones y las Yungas pierden selva; y la Patagonia registra fuego sobre bosques andinos. Sin embargo, no existe una serie nacional homogénea de humedales incendiados, provincia por provincia y para todo el decenio. Presentar un “total exacto” de las 24 jurisdicciones sería, por lo tanto, engañoso.

Por qué la multa puede terminar como un costo empresario: la Ley 26.331 fija presupuestos mínimos, pero deja la fiscalización y la sanción en manos de cada provincia. Ese diseño produce regímenes, capacidades y criterios diferentes. La sanción pierde poder disuasorio cuando el monto por hectárea es menor que la renta esperada del nuevo uso agrícola o ganadero; cuando se calcula con valores nominales que la inflación deteriora; o cuando llega años después, una vez que la producción ya generó ingresos. En esas condiciones, una empresa puede incorporar el riesgo de sanción a su cálculo económico: si la ganancia probable supera la multa esperada —monto multiplicado por la probabilidad real de detección, condena y cobro—, infringir puede resultar rentable.

Por qué muchas sanciones no se ejecutan o llegan debilitadas: detectar el desmonte por satélite no equivale a cobrar la multa ni a recomponer el bosque. Primero deben individualizarse responsables, acreditar la infracción, notificar, tramitar descargos y resolver recursos administrativos; después pueden abrirse impugnaciones judiciales. A ello se suman organismos provinciales con poco presupuesto, personal o capacidad jurídica, catastros y permisos que no siempre están integrados, dificultades para atribuir responsabilidad entre propietarios, arrendatarios y contratistas, y escasa información pública sobre expedientes, cobros y restauraciones. Informes de Fundación Vida Silvestre y FARN identificaron brechas y cuellos de botella en todas las etapas de fiscalización; además, señalaron que la Ley de Bosques recibió históricamente menos del 10% del financiamiento que le correspondía.

El problema no termina con el pago: la Constitución y la Ley de Bosques priorizan la recomposición del ambiente, pero restaurar un bosque cuesta tiempo, dinero y control sostenido. Un caso de Salta expuso el mecanismo: tras el desmonte ilegal de más de 11.000 hectáreas, los responsables continuaron con actividades productivas y no acreditaron restauración activa desde 2018; recién en 2026 la Justicia elevó la sanción a más de 21.800 millones de pesos. El ejemplo demuestra que una multa nominalmente alta puede llegar después de años de explotación y no garantiza por sí sola que el ecosistema vuelva a existir. Sin cobro rápido, actualización automática, embargo preventivo, ejecución forzada de la restauración y responsabilidad penal en los casos graves, la sanción corre el riesgo de castigar tarde y menos de lo que rindió destruir.

Metodología y denuncia: la cifra decenal corresponde a la pérdida de cobertura del monitoreo oficial; el detalle de 2024 para el norte proviene del análisis satelital de Greenpeace; y los humedales se mantienen como una categoría separada. Las fuentes usan períodos, geografías y definiciones diferentes, por eso no se agregaron mecánicamente. Aun con esa cautela, el resultado es devastador: casi un Tucumán de bosque desapareció mientras las multas, los controles provinciales y la restauración resultaron insuficientes. No falta evidencia. Falta decisión política para detener la destrucción.

Fuentes consultadas