El plan anunciado en París permite obtener la nacionalidad sin residencia a cambio de cientos de miles de dólares. La corte no necesitaba producir el fallo de entrega territorial argentina. Esto es la conversión de la ciudadanía, el pasaporte y el acceso a los recursos nacionales en mercancías para grandes fortunas.

2 de octubre de 2026. El Gobierno argentino eligió la Argentina Week en París para anunciar que la ciudadanía nacional tendrá precio. Un extranjero podrá solicitarla mediante un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o la compra de un bono especial por US$800.000. Cónyuges e hijos pagarán adicionales. La operación se presenta como una herramienta para atraer inversiones, pero su significado político es más brutal: quien dispone de suficiente dinero puede evitar la residencia exigida al inmigrante común y acceder por una vía privilegiada a la condición de argentino.

La Argentina ingresa así en un negocio asociado sobre todo a pequeños Estados del Caribe y del Pacífico. Dominica ofrece ciudadanía desde US$200.000; Antigua y Barbuda, desde US$230.000; San Cristóbal y Nieves, desde US$250.000; Vanuatu, desde aproximadamente US$130.000. Son programas promocionados por movilidad y ventajas fiscales, pero cuestionados por organismos internacionales por sus riesgos de lavado, evasión, corrupción y opacidad. Vanuatu perdió el acceso sin visa al espacio Schengen y la justicia europea rechazó en 2025 el esquema maltés por convertir la ciudadanía en una transacción sin vínculo genuino.

También abre la puerta a la tierra

El beneficio no termina en el pasaporte. Cuando la Ley 26.737 estaba operativa, sus límites alcanzaban a las personas de nacionalidad extranjera: topes de superficie, restricciones sobre inmuebles con agua y cupos de extranjerización. Un inversor naturalizado dejaba de encuadrar, en principio, en esa categoría y podía comprar como argentino. La ciudadanía paga no derogaba la ley, pero permitía atravesar su barrera central cambiando el estatus jurídico del comprador.

Hoy el cuadro es aún más grave: tras la decisión procesal de la Corte Suprema, volvió a quedar operativa la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. Los límites nacionales específicos para extranjeros ya no rigen, aunque el Congreso podría restablecerlos. Si eso ocurriera, la nacionalidad adquirida por inversión conservaría una ventaja extraordinaria: permitiría comprar suelo rural bajo la condición de argentino. El Estado no sólo ofrece un documento; facilita el acceso a un recurso finito y estratégico.

El anuncio en Francia resume una orientación de fondo: la Argentina se ofrece en el mercado global no sólo mediante privatizaciones, desregulación o apertura de tierras, sino también mediante la venta de su propia pertenencia nacional. Se llama “inversión” a lo que en realidad es un privilegio comprado; se llama “modernización” a la renuncia del Estado a decidir que la ciudadanía exige algún lazo efectivo con la comunidad.

Una nación que pone precio a su ciudadanía termina poniendo precio también a su soberanía. El problema no es sólo quién podrá comprar el pasaporte, sino qué parte del país quedará después al alcance de quienes compraron el derecho a ser tratados como sus dueños.

Fuentes: Leyes 346 y 26.737; decretos 366/2025, 524/2025 y 70/2023; comunicaciones oficiales; programas de ciudadanía por inversión citados; informes de la OCDE y el GAFI.