El fallo que removió el tablero

Por Koly bader-FSN-Tucumán

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución que, en apenas 48 horas, se convirtió en el epicentro de la conflictividad social y política argentina. El máximo tribunal revocó la medida cautelar que había frenado el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei había derogado la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

En la práctica, la decisión judicial dejó sin efecto el tope del 15% de propiedad extranjera sobre tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, habilitando nuevamente la venta sin límites a capitales foráneos. Y por añadidura negó a ciudadanos Argentinos la habilidad para accionar judicialmente contra la entrega de soberanía que motoriza el gobierno.

El fallo, firmado por los tres jueces que integran el tribunal, fue inmediatamente interpretado como un aval a la política de apertura territorial impulsada por el Ejecutivo, desatando una reacción en cadena que trasciende las tradicionales grietas ideológicas.

Movimiento Sindical: Repudio frontal y convocatoria a las calles

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado oficial en el que sentó una postura contundente: "La tierra argentina no es una mercancía". La central obrera, que ya tenía previsto movilizarse el 8 de octubre en defensa de la industria nacional, incorporó la consigna contra la extranjerización de la tierra a su pliego de reclamos.

Pablo Moyano, uno de los referentes más visibles de la CGT, apuntó directamente contra los jueces del máximo tribunal: "La Corte Suprema le regaló al gobierno la derogación de la Ley de Tierras. Es un fallo que entrega el patrimonio nacional".

Por su parte, las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) prendieron la mecha de una movilización específica. Convocaron a marchar el próximo 6 de octubre frente al Palacio de Justicia, en lo que prometen será una de las mayores concentraciones sindicales contra el poder judicial en los últimos años.

Pueblos Originarios: "Un aval al despojo territorial"

Las comunidades mapuche, qom, wichi y las organizaciones campesinas del norte y la Patagonia recibieron el fallo como una luz verde para el avance de proyectos extractivos sobre sus territorios ancestrales.

Desde la Organización de las Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA) advirtieron que la decisión judicial "vulnera el principio de no regresión en materia de derechos territoriales" y debilita de facto la aplicación de la Ley 26.554 de Emergencia Territorial Indígena.

Las comunidades del Neuquén, Chubut y Jujuy, que ya venían articulando respuestas conjuntas contra los operativos de desalojo habilitados por decretos recientes, anunciaron que intensificarán las movilizaciones locales y los cortes de ruta simbólicos durante esta semana.

En el Chaco y Formosa, las comunidades qom y wichi mantienen un estado de alerta permanente, con bloqueos intermitentes en rutas secundarias y movilizaciones frente a las casas de gobierno provinciales.

Oposición Política: Críticas transversales

El peronismo reaccionó en bloque. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó el fallo como una "infamia", advirtiendo sobre los riesgos de la venta de tierras a extranjeros sin límite alguno. "Esto es un ataque a la soberanía territorial", sostuvo en sus redes sociales.

Desde los espacios de la izquierda, Nicolás del Caño (PTS) fue más allá: "Es un escándalo el fallo de la Corte Suprema y hay que responder en las calles. Este tribunal facilita el avance del capital especulativo sobre el territorio nacional".

Dirigentes de Unión por la Patria convocaron a otra movilización al Congreso de la Nación, exigiendo la inmediata sanción de una nueva ley de protección al dominio nacional.

Ambientalismo y Sociedad Civil

Organizaciones ambientalistas como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) alertaron que el fallo "establece un precedente peligroso" en materia de protección de bosques nativos y ecosistemas frágiles.

En las redes sociales, las consignas "No a la extranjerización de la tierra" y "Freno inmediato a la extranjerización de la Patagonia" se viralizaron, sumando a figuras del ámbito cultural y artístico que participaron en marchas y utilizaron sus plataformas para visibilizar el impacto del fallo.

LA RESPUESTA DE LA CORTE: "FUE NETAMENTE PROCESAL"

Ante la ola de críticas y el repudio popular, la Corte Suprema emitió un comunicado aclaratorio el 1 de octubre, en un intento por "despegarse" de la interpretación política de su decisión.

El máximo tribunal sostuvo que su fallo fue "netamente procesal", limitado a determinar la legitimación de una asociación civil para solicitar una medida cautelar. "Este pronunciamiento no opinó sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras", aclaró el documento firmado por los tres jueces.

Sin embargo, analistas jurídicos y medios opositores señalaron que esta aclaración no logra ocultar el efecto práctico de la resolución: la habilitación de la derogación de la ley. "La Corte intenta despegarse del rechazo masivo, pero el resultado concreto es el mismo: la tierra queda sin protección", sostuvo un editorial de Página/12.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la propiedad extranjera de tierras rurales, con un tope del 15% del total de tierras registradas en cada provincia y en el país. También prohibía la adquisición por parte de extranjeros limítrofes y establecía requisitos de residencia para los compradores.

Su derogación a través del DNU 70/2023 fue una de las medidas más controvertidas del gobierno de Milei, generando un debate intenso sobre soberanía territorial, seguridad alimentaria y derechos de los pueblos originarios.

La cautelar que había frenado esta derogación fue dictada por un juez de primera instancia, pero la Corte Suprema decidió revocarla, argumentando que la asociación que había presentado la demanda no tenía legitimación procesal para hacerlo.

UN CATALIZADOR DE UNIDAD

El fallo ha funcionado como un catalizador de unidad entre sectores que habitualmente tienen agendas distintas: sindicatos, pueblos originarios, ambientalistas y oposición política.

El eje del conflicto ya no es solo la discusión sobre el DNU, sino la percepción de que el máximo tribunal ha validado un modelo de "entrega" del territorio. La aclaración "procesal" de la Corte no ha logrado apagar el fuego, y la movilización del 6 de octubre frente al Palacio de Justicia se perfila como el termómetro real de la presión social sobre el poder judicial.

Mientras tanto, las comunidades indígenas intensifican sus acciones en el terreno, los gremios preparan la mayor movilización sindical del año, y la oposición busca capitalizar el descontento en las calles. La tormenta apenas comienza.

FUENTES: Infobae, Página/12, Perfil, La Voz del Interior, Criterio Online, El Destape Web, La Nueva Provincia, Clarín, Cadena 3, El Esquiu, comunicados oficiales de CGT, CTA, ONPIA y organizaciones sociales (septiembre-octubre 2026).