¿El proyecto de Peter Thiel para Argentina?

En Roatán, una ciudad privada con tribunales, impuestos y reglas propias sigue operando aunque Honduras derogó e invalidó el régimen que la creó. La pelea ya no es solo legal: enfrenta a una comunidad pesquera con capitales de Silicon Valley, entre ellos Peter Thiel, y pregunta, sin rodeos, si la soberanía puede cotizar en un tribunal internacional.

El laboratorio

Próspera se vendió como una postal del futuro: menos Estado, impuestos propios, justicia privada y reglas a medida para el capital. Pero el experimento instalado en Roatán nació con una pregunta incómoda: ¿qué queda de un país cuando una porción de su territorio puede administrarse con normas diseñadas por una corporación?

La Ley Orgánica de las ZEDE,(Zona de Empleo y desarrollo económico) aprobada en 2013, habilitó ese modelo. Próspera quedó constituida en 2017 y comenzó a operar en 2020. Desde entonces, su nombre circula entre promotores de las charter cities, inversores tecnológicos y defensores de una gobernanza privada con mínima intervención estatal.

El dinero

El dinero llegó envuelto en el lenguaje de la innovación. Peter Thiel, cofundador de PayPal y dueño de Palantir, figura entre los inversores asociados a la iniciativa. En torno al proyecto gravitan también nombres y redes del libertarismo tecnológico que ven en estas jurisdicciones privadas una salida al Estado tradicional.

La promesa era estabilidad jurídica; la letra chica era poder. Próspera no pedía únicamente facilidades para invertir: reclamaba un ecosistema normativo capaz de sobrevivir incluso a la voluntad política del país que lo alojaba.

En 2022, el Congreso hondureño derogó por unanimidad las ZEDE. En 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el andamiaje legal que las creó, con efecto retroactivo. El tribunal sostuvo que el modelo alteraba elementos centrales de la organización territorial, el sistema de justicia y el régimen económico del país.

Próspera respondió en el terreno donde los Estados suelen quedar más expuestos: el arbitraje internacional. Honduras Próspera Inc., St. John’s Bay Development Company LLC y Próspera Arbitration Center LLC llevaron el caso ante el CIADI, organismo del Banco Mundial. El reclamo fue informado inicialmente por más de US$ 10.700 millones y luego reducido a unos US$ 1.630 millones. En 2025, un tribunal arbitral rechazó una objeción preliminar de Honduras y dejó avanzar el expediente hacia el fondo.

La disputa no ocurre solo en expedientes. En Crawfish Rock, comunidad vecina al proyecto, las voces locales describen otra escena: presión sobre la tierra, falta de consulta y una vida cotidiana atravesada por la incertidumbre. “No sabemos la intención de esta gente, el gobierno debe detener a Próspera. Sufrimos estrés diario en la comunidad. Deben cumplir con la ratificación para que tengamos paz y tranquilidad”, dijo Luisa Connor, presidenta del patronato de Crawfish Rock.

Otra frase resume la desigualdad percibida por los vecinos: “Un centavo no puede pelear contra un dólar”, señaló Ariel Webster al describir el avance de Próspera sobre la isla. La metáfora no habla solo de dinero: habla de escala, influencia y asimetría política.

Las denuncias de la comunidad apuntan a un mismo núcleo: no hubo, según sus representantes, un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. En comunicados recientes, el patronato de Crawfish Rock afirmó que la comunidad no firmó documentos para respaldar la ZEDE y denunció intentos de validar apoyos mediante listados y firmas obtenidas bajo supuestos distintos.

La pregunta pendiente

El expediente revela una paradoja: Honduras derogó una ley por considerarla lesiva para su soberanía, pero ahora enfrenta una demanda porque esa decisión habría dañado expectativas de ganancia privada. La pregunta de fondo es brutal: ¿puede una empresa cobrarle a un país por recuperar el control de sus propias reglas?

Mientras tanto, Próspera sigue funcionando en Roatán. Detrás de sus edificios, sus promesas de eficiencia y sus manuales de gobernanza, late una disputa más antigua que cualquier startup: quién decide sobre la tierra. En Crawfish Rock, la respuesta no cabe en un contrato de inversión. Cabe en una consigna simple: sin consulta, no hay soberanía.