Desde su llegada al gobierno, Javier Milei desplegó un programa de shock económico, ajuste fiscal extremo, desregulación y desmantelamiento de capacidades estatales. Presentado oficialmente como un camino inevitable para ordenar las cuentas públicas, el resultado social fue una transferencia brutal del costo de la crisis hacia jubilados, trabajadores, estudiantes, usuarios de servicios públicos, provincias, pymes y sectores vulnerables. Bajo la consigna de reducir el Estado, se deterioraron derechos, prestaciones, salarios, infraestructura y políticas públicas que sostenían la vida cotidiana de millones de personas. Sin duda no se trata solo de un ajuste. Es claramente un rediseño del país en claro beneficio de los capitales.

En este marco, es sin duda sorprendente (o quizás no tanto) ver la disputa de aspiraciones personales, internas partidarias y tironeo político frente al desastre que significó y seguirá significando el gobierno autodenominado libertario. En tanto, Nadie habla de proyectos o medidas concretas, como se tomarán ni mucho menos como se resolverá la economía con la enorme deuda contraída. QUE HARÁN es lo que importa. Pero solo se discute QUIEN.

Solo preguntamos QUE HARÁN CON ESTO:

1. Devaluación inicial y golpe al bolsillo:la fuerte corrección del tipo de cambio disparó precios de alimentos, medicamentos, transporte y servicios. La medida licuó salarios, jubilaciones e ingresos informales, y trasladó el costo del ajuste directamente a los hogares.

2. Ajuste fiscal y recorte general del Estado:la búsqueda del superávit se apoyó en una reducción severa de partidas públicas. El recorte alcanzó transferencias a provincias, programas nacionales y áreas estatales sensibles, con efectos sobre servicios, salarios públicos y políticas territoriales.
3. Jubilaciones, PAMI y medicamentos:los haberes previsionales quedaron rezagados frente a la inflación y perdieron poder adquisitivo. A la vez, los cambios en el acceso a medicamentos gratuitos y prestaciones del PAMI agregaron trámites, incertidumbre y mayores gastos de bolsillo para adultos mayores.
4. Universidades, ciencia y cultura bajo asfixia presupuestaria:el congelamiento o retraso de fondos deterioró salarios docentes y no docentes, funcionamiento universitario, investigación, becas, producción cultural, bibliotecas, institutos y medios públicos. El ajuste debilitó herramientas clave de movilidad social, conocimiento y acceso a bienes culturales.
5. Obra pública paralizada e impacto territorial:la suspensión o reducción de obras nacionales frenó rutas, viviendas, infraestructura sanitaria, escuelas y proyectos productivos. Además de destruir empleo en la construcción, trasladó costos a provincias y municipios, que debieron afrontar demandas sociales con menos recursos.
6. Tarifazos y quita de subsidios:la reducción de subsidios al transporte, la luz, el gas y otros servicios elevó de forma abrupta el costo de vida. El impacto fue regresivo: los hogares de ingresos bajos y medios destinaron una porción cada vez mayor de su presupuesto a pagar facturas y boletos.
7. Programas sociales y alimentarios recortados:los recortes, auditorías y cambios administrativos afectaron comedores, beneficiarios de programas de empleo, becas y familias con ingresos inestables. La política social dejó de funcionar como red de contención suficiente frente a la caída de ingresos.
8. Despidos, cierres y vaciamiento de organismos públicos:la reducción del Estado incluyó despidos, contratos no renovados, cierres, fusiones y transformación de organismos en dependencias con menor autonomía. Entre los organismos cerrados, disueltos, reducidos o desactivados total o parcialmente se señalaron: INADI, cuyas funciones pasaron al Ministerio de Justicia; Télam, intervenida y reconvertida; Dirección Nacional de Vialidad; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial; Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Junta de Seguridad en el Transporte; Delegaciones Sanitarias Federales; Instituto Nacional del Cáncer; Instituto Nacional de Medicina Tropical; Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal; Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; Instituto Nacional de Semillas y la Comisión Nacional de Semillas; Instituto Nacional de Vitivinicultura; Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Instituto Nacional de la Propiedad Industrial; Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional; FONDEP; y Fondo Nacional del Manejo del Fuego. El efecto fue la pérdida de empleos estatales y el debilitamiento de controles, investigación, salud pública, seguridad vial, producción y presencia territorial del Estado.
9. Empresas públicas vendidas, liquidadas, achicadas o puestas en privatización:desde el comienzo del gobierno se avanzó sobre empresas estatales o con participación pública mediante liquidaciones, ventas, concesiones, despidos, recortes operativos o preparación para privatización. Entre las más mencionadas aparecen: IMPSA; Corredores Viales S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA); Energía Argentina S.A. (Enarsa); Intercargo S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. / Trenes Argentinos Operaciones; Nucleoeléctrica Argentina S.A.; Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); Correo Argentino; Aerolíneas Argentinas; AR-SAT; Casa de Moneda; y Fabricaciones Militares. Estas decisiones debilitaron capacidades estratégicas del Estado en transporte, energía, saneamiento, logística, conectividad, industria e infraestructura.
10. Cierre de empresas privadas y destrucción de empleo registrado:distintos relevamientos basados en registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo señalaron una fuerte caída del entramado empresario desde el inicio de la gestión. Según informes citados públicamente, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se habrían perdido alrededor de 19.164 empresas empleadoras y 276.624 puestos de trabajo registrados, casi 30 empresas menos por día y más de 432 empleos diarios destruidos. Otros relevamientos posteriores elevaron la estimación a más de 24.000 empresas cerradas desde diciembre de 2023. La contracción golpeó especialmente a pymes, industria, construcción, transporte, comercio y servicios inmobiliarios.
11. Reforma laboral y flexibilización regresiva:las modificaciones orientadas a reducir costos empresariales fueron cuestionadas por debilitar derechos laborales, indemnizaciones y herramientas de negociación colectiva. Bajo el argumento de modernizar el mercado de trabajo, se produjo un desplazamiento del equilibrio de poder en favor de los empleadores.
12. Desregulación de alquileres y mayor indefensión de inquilinos:la derogación de la Ley de Alquileres dejó mayor libertad contractual en un contexto de inflación, salarios deprimidos y escasez habitacional. La consecuencia fue una mayor presión sobre inquilinos, aumentos difíciles de afrontar e incertidumbre para familias que destinan gran parte de sus ingresos a la vivienda.
13. Privatizaciones y apertura económica con pérdida de soberanía:además del avance sobre empresas públicas concretas, la apertura económica fue cuestionada por su impacto sobre empleo, tarifas, control de recursos estratégicos y protección de industrias nacionales. El Estado resignó herramientas para planificar sectores clave y defender producción local.
14. Salud y discapacidad bajo presión:los cambios presupuestarios y administrativos generaron reclamos por demoras, menor cobertura y dificultades de acceso a tratamientos, prestaciones y apoyos esenciales. El ajuste sobre estas áreas expuso a personas que requieren acompañamiento continuo a situaciones de mayor vulnerabilidad.

En conjunto, estas medidas configuraron un giro profundo y regresivo del modelo estatal y económico argentino. El ajuste no fue neutro: recayó con mayor fuerza sobre jubilados, estudiantes, trabajadores, usuarios de servicios públicos, provincias, pymes, consumidores y familias de ingresos medios y bajos. Mientras se exhibieron metas fiscales como logro político, el costo social se expresó en pérdida de ingresos, deterioro de servicios públicos, cierre de empresas, debilitamiento de derechos y mayor desigualdad.

Deuda estatal y jurisdicción de los diferendos con acreedores: el cuadro de deuda profundiza esta lectura crítica. Según datos oficiales y relevamientos parlamentarios, la deuda pública bruta de la Administración Central se ubicó hacia fines de 2025 en torno de US$455.067 millones. Dentro de ese total, la deuda en situación de pago normal se componía aproximadamente de un 58% en moneda extranjera y un 42% en moneda local. Informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicaron que el stock de deuda pagadera en pesos llegó durante 2025 a cifras del orden de $243,4 billones en mayo, $264,6 billones en agosto y vencimientos previstos para 2026 por unos $190,1 billones en moneda nacional. La deuda en moneda extranjera se ubicó en torno de US$251.000 millones a US$254.842 millones, según el mes y la fuente considerada. El problema no es sólo el volumen, sino también la jurisdicción: los diferendos con acreedores que suelen resolverse fuera del país corresponden principalmente a bonos o contratos emitidos bajo ley extranjera, especialmente bajo jurisdicción de Nueva York u otras plazas internacionales. En cambio, la deuda bajo ley argentina, en particular la nominada en pesos, queda sometida a tribunales y normativa local. Esta diferencia condiciona la soberanía jurídica y financiera del país, porque una parte relevante de los acreedores externos puede litigar fuera de la Argentina, presionando sobre decisiones económicas internas y limitando márgenes de política pública.