Por Koly Bader-FSN-Tucumán

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES fue presentado durante años como una reserva estratégica para proteger el sistema previsional. En los hechos, según surge de la información difundida por medios nacionales, vuelve a aparecer como lo que demasiados gobiernos parecen ver en él: una caja tentadora para tapar agujeros, ordenar balances o financiar decisiones que nada tienen que ver con la protección directa de jubilados y pensionados. El problema ya no admite eufemismos. Cuando el dinero que debería respaldar derechos futuros se pone al servicio de urgencias presentes, no estamos ante una administración creativa: estamos ante una degradación institucional.

Un fondo previsional no puede tratarse como una alcancía estatal ni como un comodín para resolver apuros fiscales. Si cada gobierno puede reinterpretar su destino según la necesidad del momento, entonces la palabra “garantía” queda vaciada de contenido.

La alta concentración del FGS en títulos públicos expone una contradicción escandalosa: el fondo que debería respaldar jubilaciones depende, en gran medida, de la capacidad de pago del mismo Estado que ya carga con el compromiso previsional. Es una garantía que descansa sobre el deudor. Dicho de otro modo, se les pide a los jubilados que confíen en una reserva cuyo valor está atado a la salud financiera del mismo sector público que históricamente ha usado los recursos previsionales como variable de ajuste. En la Argentina, eso no es prudencia: es repetir un viejo mecanismo con lenguaje técnico nuevo.

El relato del orden no alcanza para justificar otro uso discrecional

Es cierto que limitar los créditos directos de ANSES puede corregir distorsiones si esas líneas deterioraban el valor real del fondo. Pero corregir un abuso no autoriza a inaugurar otro. Cambiar el canal de colocación, pasar del crédito directo al fondeo bancario o envolver la decisión en términos de eficiencia financiera no resuelve la pregunta elemental: ¿quién controla que el FGS no vuelva a ser usado como reserva de oportunidad para políticas ajenas a su finalidad previsional?

El acceso a la vivienda es una necesidad real y urgente, pero esa urgencia no puede usarse como salvoconducto para disponer de recursos previsionales. Fondear bancos con activos del FGS para ampliar créditos hipotecarios puede sonar razonable en el discurso público, pero exige una advertencia incómoda: los jubilados no deberían convertirse en financiadores indirectos de cada política económica que el Gobierno quiera exhibir como reactivadora.

La historia argentina demuestra que, cuando el Estado se queda sin margen, los fondos con destino específico empiezan a ser reinterpretados. Primero se los presenta como herramientas ociosas; después como activos mal aprovechados; finalmente como soluciones indispensables. Ese recorrido suele terminar siempre en el mismo lugar: los recursos reservados para una finalidad social terminan absorbidos por la emergencia permanente. En el caso del FGS, el riesgo es particularmente grave porque detrás de cada decisión financiera hay jubilaciones presentes y futuras.

Por eso, el debate no debería disfrazarse de tecnicismo. El destino del Fondo de Sustentabilidad de ANSES es una prueba de respeto institucional. Si el poder político puede usarlo para cubrir urgencias fiscales, ordenar deuda, fondear bancos o sostener programas ajenos a su razón de ser, entonces el fondo deja de ser garantía y pasa a ser botín. Y cuando el patrimonio previsional se convierte en botín de la emergencia, los jubilados no ganan sustentabilidad: pierden una defensa más frente a un Estado que vuelve, una y otra vez, a mirar sus recursos como propios.

Quienes se beneficiaran

Lo mas probable es que habiendo una enorme cantidad de viviendas terminadas y desocupadas, sean sus propietarios los que mas se beneficien de poder verderlas al contado.

Una forma más precisa de aproximarse a las viviendas terminadas que permanecen sin uso es observar el consumo eléctrico. Un estudio de CIPPEC y el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo, publicado sobre ciudades argentinas, considera como vivienda vacante aquella unidad residencial con consumos inferiores a 50 kWh mensuales, valor equivalente al consumo mínimo de una heladera. Cuando ese bajo consumo se mantiene durante más de doce meses consecutivos, el informe la clasifica como “vacancia estructural”, es decir, una vivienda terminada que no registra uso habitacional sostenido.

Por ejemplo, con esa metodología, para septiembre de 2023 la vacancia total alcanzaba el 21,5% del parque residencial relevado en Rosario, el 14,1% en Buenos Aires —en el área cubierta por Edesur— y el 12,4% en Córdoba. La vacancia estructural, que es la más relevante para discutir viviendas terminadas sin ocupar, equivalía a más de 32.000 viviendas en Rosario, cerca de 70.000 en Buenos Aires y poco más de 20.000 en Córdoba. En conjunto, esos tres centros urbanos concentraban más de 120.000 viviendas estructuralmente vacías.

Estos datos no permiten afirmar automáticamente que todas esas unidades estén disponibles para venta.

Vale la pena consignar que por un crédito de aproximadamente 100.000 dólares, el titular del mismo debe acreditar ingresos superiores a $ 3.500.000 y pagar una cuota de unos $ 900.000 mensuales.