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No se trata de ajuste: La desinstitucionalización como dominación
El gobierno de Javier Milei no puede leerse solo como un programa de ajuste o de reducción del gasto público.
Fecha de Publicación: 15-08-2026
Por Koly Bader-FSN-Tucumán
El gobierno de Javier Milei no puede leerse solo como un programa de ajuste o de reducción del gasto público. Su núcleo político es más profundo: se trata de una ofensiva de desinstitucionalización orientada a presentar al Estado como inútil, parasitario y corrupto, y a la democracia moderna como un obstáculo para la “libertad” entendida en clave de mercado.
No se trata simplemente de achicar el Estado. Todo gobierno puede discutir eficiencia, gasto o prioridades. El problema aparece cuando las instituciones dejan de ser concebidas como garantías comunes y pasan a ser tratadas como enemigas de la sociedad. En ese punto, la crítica administrativa se transforma en impugnación civilizatoria: ya no se busca reformar, sino desacreditar el principio mismo de lo público.
La democracia moderna no se reduce al voto. Como advirtieron autores como Guillermo O’Donnell, Pierre Rosanvallon, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, la democracia necesita controles, mediaciones, deliberación, justicia independiente, prensa libre y organismos capaces de limitar al poder. Cuando un gobierno invoca la voluntad popular para debilitar esos contrapesos, conserva la forma electoral pero vacía la sustancia democrática.
En la Argentina actual, la agresión permanente contra legisladores, gobernadores, universidades, periodistas, sindicatos, movimientos sociales y empleados públicos cumple una función política precisa: transformar todo límite institucional en sabotaje. Así, el conflicto democrático deja de ser una disputa legítima y pasa a organizarse como una guerra moral entre “la libertad” y sus enemigos.
Este proceso abre uno de los caminos contemporáneos hacia formas fascistizantes de poder. No necesariamente el fascismo clásico de partido único y movilización militarizada, sino una variante actual que combina liderazgo carismático, construcción de enemigos internos, desprecio por los controles democráticos y una tecnocracia económica presentada como verdad indiscutible. El ajuste aparece así no como decisión política, sino como necesidad natural.
A esto se suma una infraestructura decisiva: los algoritmos. La dominación política actual ya no opera solo por censura o propaganda oficial. También actúa modulando la atención, premiando el conflicto, viralizando resentimientos, fragmentando la esfera pública y encerrando a cada usuario en mundos políticos personalizados. Como señalan Shoshana Zuboff, Byung-Chul Han y Antoinette Rouvroy, la tecnología puede funcionar como una forma de gobierno invisible: clasifica, amplifica, silencia y orienta conductas bajo apariencia de neutralidad.
La desinstitucionalización, entonces, no libera a la sociedad. La deja más sola frente al mercado, más expuesta al poder y más vulnerable a la manipulación algorítmica. Defender el Estado no significa negar sus fallas ni idealizar sus burocracias. Significa reconocer que sin instituciones públicas, derechos efectivos, controles democráticos y una esfera común de deliberación, la libertad queda reducida al poder desigual de los más fuertes.