Ajuste, deudas familiares y expulsión social

Por Koly Bader-FSN-Tucumán

Alquileres liberados, salarios pulverizados, tarjetas usadas para comprar comida y tasas usurarias que convierten la supervivencia en una condena financiera: la crisis habitacional no es un accidente ni una herencia inevitable. Es la consecuencia concreta de un Gobierno que eligió retirar al Estado, blindar al mercado y descargar el costo del ajuste sobre las familias trabajadoras.

No es casualidad. Tampoco es desorden. Es una decisión política. El Gobierno desarmó protecciones, celebró la desregulación como si fuera libertad y dejó a millones de inquilinos solos frente a contratos más cortos, ajustes más frecuentes y negociaciones obscenamente desiguales. En un país donde cerca de un tercio de los hogares depende del alquiler para vivir, la vivienda dejó de ser un derecho básico y pasó a funcionar como una amenaza mensual: pagar o quedar afuera. Y todo con la complicidad de legisladores y gobernadores

Después llega el segundo golpe, también político: los ingresos quedan deliberadamente por detrás. El Gobierno presenta la baja de algunos índices como una victoria, pero en la vida real el costo de vivir siguió acumulando aumentos y deteriorando la mesa, el alquiler y los servicios. Durante 2026, los registros publicados hasta julio muestran una inflación acumulada cercana al 19,3%, mientras los alquileres nuevos se pactan mayoritariamente con actualizaciones por IPC cada tres o cuatro meses. A ese deterioro se suma otro dato brutal del mercado laboral: según informes basados en datos oficiales del SIPA, desde noviembre de 2023 se perdieron casi 330.000 puestos de trabajo asalariados registrados, con una caída especialmente fuerte en el empleo privado. Y detrás de cada despido aparece la otra cara del ajuste: persianas que bajan, pymes que desaparecen y barrios donde el cierre de una empresa no es una estadística, sino una fábrica menos, un comercio vacío y decenas de familias empujadas a la intemperie. Para una familia trabajadora, eso significa una cosa brutal: el contrato ajusta, el salario no alcanza, el trabajo formal se achica y el Estado mira para otro lado.

La consecuencia se ve en la caja diaria del hogar. Cuando el sueldo no llega, la tarjeta deja de ser una herramienta de consumo y se convierte en respirador artificial para comprar alimentos, pagar servicios, sostener medicamentos, transporte y alquiler. Pero ese respirador viene conectado a una máquina de castigo: préstamos personales, refinanciaciones, billeteras virtuales y tarjetas pueden cargar costos financieros totales escandalosos. En el mercado actual, hay líneas bancarias que ya superan el 160%, 180%, 300% y hasta el 400% anual de costo financiero total; y en el universo fintech y de financieras comerciales el abuso es todavía más obsceno, con casos informados de CFT que trepan al 664%, 1.375% e incluso 1.457% anual. Dicho sin eufemismos: quien pide plata para llegar a fin de mes puede terminar devolviendo varias veces lo que recibió. El Gobierno no solo tolera esa rueda: la necesita. Porque mientras recorta ingresos, libera precios y se desentiende de la vivienda, empuja a las familias al endeudamiento como única forma de sobrevivir.

Los números ya no dejan margen para el maquillaje oficial. Informes recientes ubican en 20,9 millones la cantidad de personas endeudadas en bancos y billeteras virtuales, y en 5,8 millones a quienes ya están en mora. La irregularidad de las familias en el sistema bancario trepó al 12,3%, mientras que en billeteras y proveedores no financieros roza el 30%. En tarjetas de crédito, la mora llegó a niveles de dos dígitos; en préstamos personales, se acercó al 15%. Y no se trata de un problema menor de “mala administración doméstica”: bancos tradicionales como Santander, Macro, Bapro, Nación, ICBC, BBVA, Galicia o Supervielle aparecen con CFT que van aproximadamente del 165% al 414% anual, mientras actores no bancarios y fintech como Tarjeta Naranja, Naranja Digital, Megatone, Mercado Libre/Mercado Pago o Carrefour Banco exhiben costos que pueden ir del 367% al 1.457% anual. No estamos frente a casos aislados: estamos frente al resultado social de una política económica que convierte la pobreza administrada con deuda en mecanismo de gobierno.

La trampa se cierra con cinismo cuando quienes ya no pueden seguir pagando son tratados como culpables. En vez de garantizar el acceso real a la vivienda, frenar aumentos abusivos o impedir que el crédito de subsistencia derive en sobreendeudamiento masivo, el Gobierno profundiza el camino contrario: menos regulación, menos defensa para los inquilinos y más velocidad para expulsar a quienes ya están al borde. El mensaje político es brutal: el mercado puede abusar, el sistema financiero puede estrangular, pero la familia endeudada es la sospechosa.

Vista completa, la cadena es feroz y tiene responsables: alquileres sin control, salarios que pierden, deuda cada vez más cara, morosidad récord y desalojos exprés. No son medidas aisladas ni accidentes del mercado. Son piezas de un mismo programa de disciplinamiento social impulsado desde el poder: primero te quita protección, después te empuja al crédito, más tarde te acusa de irresponsable y finalmente te saca de tu casa.

Por eso el problema no puede reducirse al relato cómodo de quienes “gastaron de más”. Esa explicación es falsa, cruel y funcional al Gobierno. La pregunta de fondo es otra: qué tipo de país se construye cuando millones de trabajadores necesitan endeudarse para comer, cuando alquilar se vuelve una ruleta mensual y cuando perder la casa aparece como consecuencia natural de un modelo que premia la especulación y castiga la vida cotidiana. La respuesta es incómoda pero evidente: se está gobernando contra la mayoría social, y la crisis habitacional es una de sus expresiones más duras.