Por Koly Bader-FSN-Tucumán

La convocatoria impulsada por Donald Trump y Marco Rubio no constituye una política de seguridad neutral: expresa una ofensiva ideológica. Bajo el pretexto de combatir supuestas “redes de extrema izquierda”, Washington busca convertir la disidencia política en amenaza global y arrastrar a otros gobiernos a una nueva cruzada antizquierdista.

La administración estadounidense pretende levantar una arquitectura internacional de inteligencia sobre una categoría ideológica deliberadamente ambigua. En esa bolsa podrían quedar incluidos, según la conveniencia política del momento, organizaciones clandestinas, movimientos sociales, sindicatos combativos, colectivos antifascistas, estudiantes, ambientalistas radicales o simples opositores incómodos. Esa vaguedad no parece un error técnico: es el núcleo político de la maniobra.

La operación resulta peligrosa porque desplaza el eje desde los hechos verificables hacia las identidades políticas. La pregunta deja de ser qué delitos concretos deben investigarse —atentados, financiamiento de violencia, amenazas reales contra personas o infraestructura— para convertirse en qué campo ideológico debe quedar bajo sospecha.

El énfasis selectivo en la “extrema izquierda” expone la trampa. Cuando la inteligencia estatal se subordina a una agenda partidaria, deja de proteger a la ciudadanía y comienza a vigilarla.

América Latina conoce demasiado bien este guion. Durante décadas, el vocabulario de la “seguridad nacional” sirvió para justificar persecuciones, espionaje, listas negras y coordinación represiva contra actores políticos y sociales. Por eso, cualquier gobierno de la región que se sume sin reservas a esta agenda debería explicar a quién piensa vigilar, con qué pruebas, bajo qué controles y en beneficio de quién. La cooperación internacional no puede transformarse en obediencia automática a Washington ni en una licencia para criminalizar la protesta.

El mensaje disciplinador es inequívoco: protestar menos, organizarse menos, callar más.

Si Rubio y Trump afirman que existen redes violentas transnacionales, deben presentar pruebas verificables, criterios jurídicos estrictos y mecanismos de supervisión independientes. Lo que no pueden hacer es exigir a más de 60 países que acepten una narrativa política envuelta en lenguaje antiterrorista. Una coalición internacional fundada en definiciones vagas no defiende el Estado de derecho: lo erosiona desde adentro.

Por eso esta iniciativa debe ser enfrentada con claridad. Según TIME, el encuentro contó con representantes de 66 países, entre ellos Argentina y varios gobiernos europeos y latinoamericanos. La frontera entre inteligencia legítima y vigilancia ideológica se vuelve especialmente peligrosa cuando la traza un gobierno que ya eligió a sus enemigos antes de probar sus delitos.