El ajuste sobre el sistema científico-tecnológico no es solo una discusión presupuestaria: redefine el lugar que la Argentina quiere ocupar en áreas estratégicas como la energía nuclear, las comunicaciones satelitales y la investigación pública.

Por detrás de la palabra “motosierra”, convertida en emblema del gobierno de Javier Milei, se despliega una transformación profunda del Estado argentino. En el terreno de la ciencia y la tecnología, esa transformación adquiere una dimensión especialmente sensible: afecta instituciones que no solo producen conocimiento, sino que sostienen capacidades soberanas acumuladas durante décadas. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ARSAT y el CONICET aparecen como tres casos testigo de un mismo proceso: el debilitamiento de áreas donde la inversión pública fue históricamente condición para que el país pudiera decidir con mayor autonomía.

En la CNEA, el recorte tiene un impacto que excede la contabilidad fiscal. La institución, creada en 1950, es parte del corazón del desarrollo nuclear argentino: formación de especialistas, reactores de investigación, medicina nuclear, combustibles, seguridad radiológica y articulación con empresas tecnológicas nacionales. Informes recientes del sector advierten una caída real significativa del presupuesto y la pérdida de personal altamente calificado. En un área donde formar un investigador, un técnico o un ingeniero lleva años, cada renuncia, despido o jubilación sin reemplazo implica una pérdida difícil de revertir.

El caso de ARSAT agrega otra capa al problema. La empresa estatal fue pensada como una herramienta para garantizar conectividad, infraestructura satelital y capacidad nacional en telecomunicaciones. En un mundo donde los datos, las órbitas, la conectividad y la infraestructura digital son recursos estratégicos, desfinanciar o subordinar estas capacidades al mercado implica resignar margen de decisión. No se trata únicamente de operar satélites: se trata de saber diseñarlos, gestionarlos, defender posiciones orbitales y poner esa infraestructura al servicio de escuelas, hospitales, regiones alejadas y proyectos productivos.

El CONICET, por su parte, condensa la disputa simbólica. Durante años fue presentado como uno de los organismos científicos más prestigiosos de la región, con investigadores reconocidos internacionalmente y presencia en universidades, hospitales, laboratorios, centros tecnológicos y territorios productivos. Pero también fue convertido por el discurso oficial en blanco de deslegitimación: la ciencia pública aparece caricaturizada como gasto improductivo, burocracia o privilegio. Ese encuadre político busca instalar una idea simple y poderosa: que la investigación solo vale si ofrece rentabilidad inmediata.

La consecuencia de ese razonamiento es riesgosa. Buena parte de los desarrollos que luego transforman industrias enteras nacen de investigaciones de largo plazo, sin aplicación comercial evidente en su origen. La biotecnología, la física de materiales, la energía nuclear, la inteligencia artificial, la salud pública, la meteorología, la agricultura de precisión o la exploración espacial requieren continuidad, equipos estables y financiamiento sostenido. Cuando el Estado interrumpe esas trayectorias, no solo ahorra en el presente: también clausura oportunidades futuras.

Los datos disponibles muestran un deterioro acelerado. Reportes del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación señalaron caídas reales importantes en la ejecución presupuestaria de ciencia y tecnología desde el inicio de la gestión de Milei, con organismos como CONICET, CNEA, INTA, INTI y la Agencia I+D+i entre los más afectados. También se registran pérdida de poder adquisitivo, reducción de becas, parálisis de proyectos y salida de personal formado por el propio Estado. La palabra que más se repite en laboratorios y centros de investigación es “fuga”: fuga de cerebros, fuga de capacidades, fuga de futuro.

El Gobierno sostiene que el ajuste es necesario para ordenar las cuentas públicas y que el sector privado debe asumir un rol mayor en la innovación. Pero la experiencia internacional muestra que incluso las economías más orientadas al mercado sostienen fuertes inversiones estatales en ciencia básica, defensa, energía, salud, satélites y tecnologías críticas. Estados Unidos, China, Alemania, Corea del Sur o Francia no construyeron sus capacidades estratégicas retirando al Estado, sino combinando inversión pública, planificación, empresas nacionales y transferencia al sector productivo.

Por eso, el ataque a la ciencia en los casos de CNEA, ARSAT y CONICET no debe leerse como una suma de conflictos sectoriales. Es una discusión sobre soberanía. ¿Puede un país periférico renunciar a sus capacidades nucleares, satelitales y científicas sin volverse más dependiente? ¿Puede competir en una economía global basada en conocimiento mientras desarma los organismos que producen ese conocimiento? ¿Puede retener talento si ofrece salarios deteriorados, carreras bloqueadas y proyectos paralizados?

La respuesta excede al gobierno de turno. Lo que está en juego es si la Argentina acepta convertirse en compradora de tecnología ajena o si sostiene la ambición de producir parte de esa tecnología con capacidades propias. La ciencia pública no garantiza por sí sola desarrollo, pero sin ciencia pública el desarrollo se vuelve cada vez más improbable. En ese sentido, el ajuste no solo recorta partidas: modifica el horizonte de país.