Por Koly Bader-FSN-Tucumán

El Gobierno de Javier Milei pretende vender como “orden” lo que en los hechos es una transferencia brutal de riqueza: los jubilados esperan, la deuda manda. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que debería proteger el futuro previsional, aparece cada vez más atrapado en una ingeniería financiera que sirve antes al Tesoro que a quienes aportaron toda una vida.

Hay palabras que en la Argentina ya suenan a burla. “Garantía” es una de ellas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES nació para respaldar el sistema previsional y proteger a jubilados, pensionados y trabajadores. Pero bajo el gobierno de Javier Milei esa promesa se degrada hasta convertirse en una contradicción obscena: se invoca la defensa del fondo mientras se lo mantiene atado al humor de los bonos, a la deuda del Tesoro y a un ajuste que tiene una víctima preferida: los adultos mayores.

El oficialismo celebra que el FGS suba en dólares como si eso fuera una victoria previsional. No lo es. Es, en el mejor de los casos, una foto financiera conveniente para el relato del Gobierno. Si más de tres cuartas partes de los activos del fondo están invertidos en deuda pública, entonces no estamos frente a un patrimonio blindado para los jubilados: estamos frente a una caja previsional capturada por las necesidades del Estado endeudado.

La responsabilidad de Milei es directa. No alcanza con señalar la herencia ni repetir que otros gobiernos también manosearon el FGS. Este Gobierno llegó al poder prometiendo terminar con la casta, la discrecionalidad y el uso político del Estado. Sin embargo, cuando se trata de los recursos previsionales, reproduce una lógica conocida: subordinar la seguridad social al programa económico. La diferencia es que ahora esa subordinación se presenta con tono técnico, como si el ajuste dejara de ser ajuste cuando lo firma un funcionario con planilla en mano.

El Decreto 1039/2024, que eliminó la posibilidad de que ANSES otorgara créditos financiados con recursos del FGS, fue envuelto en un discurso de protección patrimonial. Pero detrás de esa explicación prolija aparece una decisión política brutal: se quita una herramienta que llegaba a beneficiarios concretos y se refuerza una administración orientada a la rentabilidad financiera. El Gobierno dice cuidar el fondo; lo que no explica es por qué ese supuesto cuidado nunca se transforma en mejores jubilaciones, mejores prestaciones o mayor dignidad para quienes más lo necesitan.

La escena es escandalosa: el fondo puede lucir más grande en los balances mientras los jubilados cuentan monedas para comprar medicamentos. El Gobierno exhibe números, habla de sustentabilidad y festeja señales de mercado, pero la vida real va por otro carril. Si una reserva previsional crece y, al mismo tiempo, los haberes se licúan, entonces no hay éxito de gestión: hay una estafa política presentada como disciplina fiscal.

Milei y su equipo económico repiten que no hay plata. Pero para los acreedores siempre hay ingeniería, señales, garantías y prioridad. Para los jubilados, en cambio, hay espera, bonos insuficientes, haberes atrasados y explicaciones abstractas. Esa es la verdadera jerarquía del modelo: primero cerrar las cuentas, después ver cuánto dolor social queda debajo de la alfombra.

La falta de transparencia agrava todo. Un fondo de semejante magnitud no puede administrarse con comunicados triunfalistas y datos parciales. La sociedad tiene derecho a saber con precisión en qué se invierte, qué riesgos se asumen, qué operaciones se realizan y a quién beneficia realmente cada decisión. Si el patrimonio de los jubilados funciona como engranaje del financiamiento estatal, el Gobierno debe decirlo sin eufemismos. Y si no puede explicarlo con claridad, entonces el problema no es de comunicación: es de fondo.

La administración Milei no heredó solamente un problema: eligió una respuesta. Y esa respuesta tiene ganadores y perdedores. Ganan los discursos de mercado, gana la obsesión por mostrar solvencia fiscal, gana la idea de que la deuda debe estar siempre a salvo. Pierden los jubilados, que ven cómo el fondo que debería respaldarlos se convierte en una pieza más del engranaje financiero del Gobierno.

El FGS no debería ser una caja auxiliar del Tesoro ni una vidriera para que el Gobierno presuma orden financiero mientras ajusta a quienes menos pueden defenderse. Si la plata de los jubilados queda atrapada en la deuda, si la sustentabilidad se usa como excusa para recortar derechos y si el crecimiento del fondo no llega nunca al bolsillo de sus verdaderos dueños, entonces no estamos ante una política previsional seria: estamos ante otra forma de saqueo institucional, prolija en las formas y despiadada en sus consecuencias.