La ofensiva del Gobierno contra las empresas públicas encuentra en ARSAT un caso testigo: una compañía estratégica, con infraestructura crítica y resultados proyectados positivos, es empujada hacia la lógica del mercado justo cuando el país más necesita defender su autonomía digital.

El gobierno de Javier Milei parece decidido a aplicar sobre ARSAT la misma receta ideológica que pretende imponer sobre buena parte del Estado: reducir lo público a un problema, presentar la privatización como modernización y convertir activos estratégicos en oportunidades de negocio. Pero ARSAT no es una oficina burocrática más ni una carga fiscal cualquiera. Es la empresa que sostiene posiciones orbitales, fibra óptica federal, capacidad satelital, centro de datos y servicios digitales que ningún mercado construyó por voluntad propia.

Por eso el intento de empujarla hacia la apertura de capital no debería leerse como una simple decisión administrativa. Es una señal política de fondo: el Gobierno está dispuesto a subordinar infraestructura crítica a la rentabilidad privada, incluso cuando los propios números oficiales proyectan para 2026 ingresos superiores a los gastos y un superávit financiero considerable. La paradoja es brutal: se pone bajo sospecha a una empresa que no aparece como un agujero negro fiscal, sino como una herramienta estatal con capacidad de generar valor.

El oficialismo evita hablar de privatización abierta, pero la eventual salida a Bolsa y la incorporación de capital privado implican un cambio profundo en la naturaleza de ARSAT. No hace falta vender el 100 por ciento de una empresa para alterar su misión: alcanza con instalar la obligación de responder a accionistas, maximizar rentabilidad y justificar cada inversión bajo criterios de mercado.

Ese giro amenaza con vaciar el sentido original de la compañía. ARSAT fue creada para hacer aquello que el capital privado no hacía: conectar territorios postergados, sostener soberanía satelital, garantizar infraestructura mayorista y preservar capacidades tecnológicas nacionales. Convertirla en una sociedad orientada por la lógica bursátil significa cambiar una brújula pública por un tablero financiero.

El caso del ARSAT-SG1 es especialmente grave. El satélite de segunda generación debía consolidar la capacidad argentina para brindar internet satelital de alta velocidad en banda Ka, sobre todo en zonas rurales y alejadas. Sin embargo, el cronograma volvió a correrse y el lanzamiento aparece ahora proyectado hacia fines de 2028, con explotación comercial recién en 2029.

En política tecnológica, demorar también es desarmar. Cada postergación del ARSAT-SG1 deja más espacio a operadores extranjeros, debilita la cadena nacional asociada al desarrollo satelital y erosiona una ventaja construida durante años con inversión pública, conocimiento acumulado y trabajo especializado. La soberanía tecnológica no se pierde solamente con una venta: también se pierde por abandono, lentitud y subordinación a prioridades ajenas.

La retórica libertaria supone que el mercado resolverá con eficiencia aquello que el Estado administra mal. Pero la conectividad federal demuestra exactamente lo contrario. Si durante años hizo falta una empresa pública para tender fibra, llegar a cooperativas, sostener servicios en zonas de baja rentabilidad y articular soluciones para escuelas, hospitales y municipios, fue porque el mercado no tenía incentivos suficientes para hacerlo.

La Argentina profunda no puede depender de que una planilla de rentabilidad decida si merece conectividad. Ese es el corazón del problema. Una ARSAT guiada por accionistas tenderá a mirar primero los márgenes, no las necesidades sociales; los clientes rentables, no las comunidades aisladas; el retorno financiero, no la integración territorial. Allí donde el Estado se retira, no siempre aparece la competencia: muchas veces aparece el abandono.

El Gobierno invoca la eficiencia para justificar su ofensiva, pero la eficiencia no puede medirse solo por balances. Una empresa pública estratégica también debe evaluarse por lo que permite: autonomía, planificación de largo plazo, cobertura territorial, capacidades industriales, formación técnica y poder de decisión nacional. Reducir todo eso a una cuenta de ingresos y egresos es empobrecer deliberadamente el debate.

ARSAT necesita controles, transparencia y buena gestión, no un remate elegante disfrazado de modernización. El problema no es que el Estado conserve una empresa estratégica; el problema sería entregarla, fragmentarla o vaciar su misión justo cuando la disputa global por datos, redes, satélites e infraestructura digital define soberanía real. En nombre de la libertad de mercado, Milei corre el riesgo de dejar al país con menos libertad para decidir sobre su propio futuro tecnológico.