Cómo las apps precarizan y atacan la confianza en la jubilación solidaria

Compilación; Koly Bader-FSN-Tucumán

Bajo el lenguaje amable de la autonomía, las plataformas descargan sobre los trabajadores costos, riesgos y responsabilidades que antes asumía el empleador. Esa precarización no solo empobrece: fabrica una subjetividad individualista que erosiona la confianza en el Estado, en la organización colectiva y en el sistema jubilatorio solidario.

La economía de plataforma se vende como una promesa de emancipación: elegir horarios, conectarse cuando se quiera, no depender de un jefe visible y convertir el celular en una herramienta de progreso individual. Pero esa promesa, repetida por empresas que se presentan como innovadoras mientras evitan responsabilidades laborales básicas, encubre una transferencia brutal de riesgos. Lo que se llama independencia suele ser, en los hechos, soledad organizada: el trabajador queda libre para pagar sus herramientas, absorber la caída de la demanda, enfrentar accidentes y sostener ingresos inciertos sin que nadie responda por él.

El repartidor que pedalea bajo la lluvia, el chofer que extiende su jornada hasta el agotamiento o el trabajador que encadena tareas digitales fragmentadas no son empresarios libres compitiendo en igualdad de condiciones. Son piezas reemplazables de un negocio que controla tarifas, tiempos, recorridos, prioridades, reputación y castigos mediante sistemas opacos. La subordinación no desaparece: se disfraza de algoritmo. El jefe ya no levanta la voz en una oficina; aparece como notificación, puntaje, ranking, penalización o bloqueo de cuenta.

El daño no es solo laboral. Es cultural y político. Las plataformas no se limitan a organizar una forma de producción; educan en una visión del mundo. Al llamar “socio”, “colaborador” o “emprendedor” a quien en realidad depende de reglas impuestas unilateralmente, instalan la idea de que cada persona debe salvarse sola. Si el ingreso cae, la culpa parece ser del trabajador que no se conectó lo suficiente. Si no hay cobertura ante accidentes, enfermedad o vejez, la responsabilidad se presenta como una falla individual de previsión. Así, una injusticia estructural se convierte en culpa privada.

Esa pedagogía cotidiana alimenta una mentalidad liberal defensiva, desconfiada de todo mecanismo solidario. El trabajador de plataforma paga combustible, bicicleta, moto, datos móviles, mantenimiento, seguros y tiempo muerto, mientras la empresa conserva el poder de ordenar la actividad sin asumir plenamente sus consecuencias. En ese contexto, cada aporte social puede aparecer como una exacción y no como parte de un pacto colectivo. La experiencia de estar solo frente al algoritmo se transforma en ideología: si nadie me protege hoy, ¿por qué debería contribuir para proteger a otros mañana?

Allí se abre una grieta peligrosa para el sistema jubilatorio solidario. La jubilación pública no es una alcancía individual ni un premio al mérito personal: es una arquitectura de solidaridad entre generaciones, sectores y trayectorias laborales. Quienes trabajan hoy sostienen a quienes ya se retiraron, bajo la promesa social de que mañana otros harán lo mismo. Pero esa promesa necesita confianza. Y la economía de plataforma dinamita esa confianza al enseñar, día tras día, que el vínculo laboral puede existir sin derechos, sin estabilidad y sin responsabilidad patronal visible.

La economía de plataforma debilita la seguridad social cuando normaliza trayectorias discontinuas, ingresos imprevisibles y zonas grises de registración. Su eficiencia descansa muchas veces en una trampa: abaratar servicios trasladando costos al trabajador y a la sociedad. Lo que no paga la empresa en aportes, cobertura, licencias o protección frente a accidentes termina pagándose más tarde como desprotección, informalidad y vejez empobrecida. La pregunta de fondo no es si una app debe existir, sino por qué se le permite competir debilitando derechos conquistados durante décadas.

Cuando el discurso dominante presenta toda regulación como una traba y todo aporte como un castigo, la desconfianza se vuelve sentido común. El Estado aparece como un recaudador lejano; los sindicatos, como estructuras molestas; la seguridad social, como una promesa dudosa. Pero esa percepción también revela una derrota institucional: si la política pública no logra proteger de manera concreta a quienes trabajan en la frontera de la informalidad, deja el terreno libre para que las plataformas impongan su relato. Y ese relato es simple y corrosivo: estás solo, dependés de vos y nadie te debe nada.

El riesgo mayor es que la precariedad se convierta en argumento contra los derechos. Si una generación entera aprende a trabajar sin aguinaldo, sin vacaciones, sin cobertura suficiente y sin horizonte jubilatorio claro, puede terminar creyendo que esos derechos son privilegios ajenos y no conquistas propias. Sobre esa frustración crecen las recetas de retiro individual, capitalización privada y salvación personal. Prometen libertad, pero suelen profundizar desigualdades: quien gana más puede ahorrar más; quien vive al día queda condenado a una vejez incierta.

Por eso la discusión sobre plataformas no puede quedar encerrada en tecnicismos jurídicos sobre dependencia o autonomía. Lo que está en juego es qué tipo de ciudadanía laboral se está construyendo. Una sociedad que acostumbra a sus trabajadores a verse como competidores solitarios frente a una aplicación difícilmente sostenga instituciones basadas en la cooperación. Y cuando la cooperación se debilita, el sistema jubilatorio solidario pierde algo más grave que recursos: pierde legitimidad social.

Regular la economía de plataforma no es atacar la innovación; es impedir que la innovación sea usada como excusa para degradar el trabajo. Significa obligar a las empresas a asumir la parte de responsabilidad que hoy esconden detrás de la palabra “intermediación”. Significa aportes proporcionales, protección ante accidentes, cobertura de salud, transparencia algorítmica y representación colectiva. Sobre todo, significa reconstruir el puente entre trabajo presente y protección futura antes de que la lógica del sálvese quien pueda termine de colonizar el sentido común.

La pregunta decisiva no es si los trabajadores de plataforma quieren ser libres. Claro que quieren serlo. La pregunta es quién se apropia de esa palabra. Si la libertad la define la plataforma, significa conectarse más horas para sobrevivir, asumir gastos propios, competir contra otros trabajadores y obedecer reglas invisibles. Si la define una comunidad democrática, libertad también debe significar no quedar abandonado ante la enfermedad, el accidente o la vejez. En esa diferencia se juega algo más que el futuro del delivery o del transporte por aplicación: se juega si la sociedad aceptará que millones de personas sean empujadas a jubilarse no del trabajo, sino de la solidaridad.