La configuración del poder: El acuerdo del capital extranjero con el capital concentrado local

Fecha de Publicación: 21-12-2025

Por Horacio Rovelli-FSN-CABA

La Argentina es un país complejo, donde nada es como aparenta, pero con sus contradicciones y enfrentamientos de 1943 a 1974 crecía a tasas sostenidas, generaba empleo e iba formando un tejido social e industrial importante.  En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres.  Se había generado un modelo de sustitución de importaciones que había aprendido de sí mismo y para 1970 se había comenzado a lograr compensar las importaciones industriales (MOI Manufacturas de Origen Industrial) con la venta de casimires, caños sin costura, acero, y en 1973 se obligó a las empresas automotrices a vender vehículos y repuestos al mundo socialista.  Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.

La Trilateral Commission pregonaba el libre comercio y sostenía que los Estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial, eufemismo en que las grandes corporaciones penetran por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó “La lógica del capital monopolista”  quienes se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas (petróleo, acero, cemento), las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos, a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.

Para imponer ese modelo de “capital monopolista” necesitaban defenestrar el proyecto independiente de Perón-Gelbard, de allí el “Rodrigazo”, plan inspirado y guiado por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del Grupo FIAT (y miembro del “grupo Azcuénaga” que fueron los que elaboraron el plan económico de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL - MACRI) que fue Vice Ministro de Celestino Rodrigo en junio de 1975, quién en agosto del año 1976 publicara un libro titulado “La Segunda Fundación de la República  y en él va a sostener:  “…cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”.

El nombre del grupo de los golpista se debe a la mansión en Azcuénaga 1.673-CABA propiedad de la familia Blaquier-Larrieta (dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy), donde se reunían para conspirar contra el gobierno de Isabel Martínez de Perón, con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy (Primero Jefe de la Policía Federal nombrado por Isabel Perón y luego ministro del interior de Videla), Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (Jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973 gestión de Lanusse), junto a Mario Cadenas Madariaga (dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz), Horacio García Belsunce (FIAT), Guillermo Zubarán (Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (principal accionista  de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, el Banco General de Negocios, el Banco Argentino de Comercio y parte de Austral Líneas Aéreas. Y tío de Marcos Peña Braun, actual Jefe de Gabinete de Ministros de Cambiemos y de Miguel Braun, actual Secretario de Comercio de Cambiemos) y Juan Etchebarne (Presidente de la Comisión Nacional de Valores con Martínez de Hoz). Todos ellos ocuparon lugares destacados de la dictadura y a su vez eran conspicuos miembros del CEA (Consejo Empresario Argentino).

El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Onganía,  Adalbert Krieger Vasena, su presidente antes del 24 de marzo de 1976, fue José Alfredo Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo  “APEGE” que hizo el lock out (paro patronal) en febrero de ese año como antesala del golpe militar.  Desde el año 2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como se la conoce hoy, presidida por un hombre ligado a la embajada de los EEUU y como tal principal convocante para conmemorar la fecha patria de los EEUU el 4 de julio, Jaime Campos. Pero sus principales directivos y Vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) 

La dictadura militar cambió los paradigmas de la sociedad.  La derrota sobre el campo popular se reflejó en la falta de organización y de propuestas, siendo la sociedad permeable a los valores de las clases dominantes, que es el verdadero logro ideológico de la dictadura.

 

LA VALORIZACION FINANCIERA DEL CAPITAL

El plan económico de la dictadura militar respaldado en las fuerzas armadas y el control militar de la Nación, es de una estructura muy sencilla y se instrumentó en tres medidas básicas, que son las misas que luego repite el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo, el de Macri-Cambiemos, y ahora el de Milei-Caputo

a) Retrasar el tipo de cambio (Ejecutado por Martínez de Hoz en una “tabita” cambiaria que prefijaba el valor del dólar muy menor al del crecimiento de los precios)

b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias (desprotección aduanera)

 c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar

De esa manera se propiciaba el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés que eran mayor que el crecimiento de los precios y muy superior a la evolución cambiaria, a su vez que se encarecía el crédito a las empresas y a las personas, siendo confiscatorio de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo al favor del sector financiero.  La burguesía local pedía préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban títulos públicos o acciones o depósitos a plazo fijo en pesos, ganando la diferencia y luego se volvían al dólar retirando la renta.  Renta que se abonó con más endeudamiento externo y cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda (default de 1989), se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, FFCC, SEGBA, Gas del Estado, se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, etc.

La política económica de este gobierno es esencialmente la misma, con el fin confeso de reducir el gasto público para delegar funciones propias del Estado a favor de lo que denominan mercado, que no es otra cosa que la fijación de super tasas de ganancias, en una aplicación integral y total de minimizar costos y maximizar beneficios. Y en lo monetario, en limitar el crédito y la liquidez para mantener la ficción de un tipo de cambio determinado que debe ser menor a los precios fijados por los grandes formadores de cada mercado.

 

Esta vez, es más dependiente del exterior, dado que la Argentina cuenta con riquezas naturales (petróleo, gas, litio, cobre, tierras raras, uranio, oro, plata, etc.), producción agropecuaria y empresas públicas como YPF, el Banco de la Nación Argentina, Nucleoeléctrica Argentina SA, etc., de allí que la conducción económica la llevan adelante los hombres del JP Morgan (Caputo, Bausili, Werning, Daza, Quirno, Lew, Reidel)

 

Prevalece el capital extranjero, pero el local se beneficia con la fuga de capitales y se subordina en los acuerdos comerciales y de inversión con los EEUU y con el capital financiero de Manhattan (los grandes fondos de riesgo cono BlackRock, Vanguard, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton etc. y los grandes bancos JP Morgan, Wels Fargo Bank, Bank Of America, Goldman Sach, Citigroup, etc) .

 

Obviamente no hay políticas cambiaria (se subordina a la política monetaria), ni política comercial (la deciden los grandes importadores y exportadores, que administran los puertos, aeropuertos y rutas, ahora incluso limitado al acuerdo firmado el 13 de noviembre 2025 con los EEUU de “Marco para profundizar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión”), ni política agropecuaria (la deciden los grandes productores y acopiadores de granos y de carnes), ni política industrial, donde el gobierno procura el “industricidio”, el desmantelamiento productivo para apuntalar un modelo extractivista, agropecuario exportador, y menos tiene política de ingresos, donde no solamente decide “el mercado” sino que tratan de plasmarla en un engendro jurídico escrito por abogados de los estudios contratados por los más grandes empleadores, que es más reaccionario que las reformas laborales de Aramburu y de Videla, y que busca perpetuar un modelo como en Perú o en Chile, donde los trabajadores son ciudadanos de segunda.

 

 

POLITICA FISCAL

 

Los dos años de esta administración demuestran que le han condonado y/o reducido los impuestos a los ricos, el caso más flagrante es la no renovación del Impuesto PAIS para el corriente año 2025, que supo tener una tasa del 25% y que gravaba la compra de divisas en billetes, cuando en los primeros 10 meses de este año se compraron 34.420 millones de dólares, que hubiera significado un ingreso al fisco en pesos, pero equivalente a 8.605 millones de dólares.

 

La recaudación tributaria basada en el consumo, desciende mes a mes a medida que se cae el nivel de actividad, de manera tal que a precio constantes es menor los ingresos de noviembre 2025 que en los últimos cuatro meses, y en términos nominales en noviembre se recaudó 15,6 billones de pesos, y en octubre 16,2 billones.

 

Han reconvertido la AFIP en ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para sacarle misiones y funciones y que asuma la conducción un mayor poder sin depender de la línea.  Sin embargo, incluso, se lo reemplaza a Juan José Pazo como titular de ARCA por Andrés Edgardo Vázquez, quien trabaja en el organismo desde hace 35 años y ahora es el jefe absoluto, y se da el lujo de nombrar a su más estrecho colaborador, Mariano Mengochea, como Director de la DGI, a quién Vázquez lo había designado antes en la estratégica Dirección General de Operaciones Impositivas Metropolitana de ese organismo.

 

Andrés E. Vazquez que cursó el Programa de Interdicción Aeroportuaria y de Investigación de Precursores Químicos organizados por el Departamento de Justicia y la Drug Enforcement Administration (DEA), en su paso por la Dirección de Inteligencia Fiscal de la DGI, consolidó vínculos con sectores políticos y del sistema de inteligencia estatal, incluyendo la época de Francisco Larcher y Jaime Stiuso. A lo largo de los años, resistió intentos de exoneración y sumarios de distintos superiores, incluyendo a Horacio Rodríguez Larreta, Ricardo Echegaray y Alberto Abad, pero sigue en la brecha para perseguir a los monotributistas, pero no a los grandes evasores.

 

Es más, en el proyecto que ellos denominan de “Modernización Laboral”, incluyen un capítulo tributario en donde, disminuyen la alícuota del Impuesto a las Ganancias a las empresas de 35 a 31,5%, y del 30 a27%; eliminan el impuesto interno a la compra de vehículos de alta gama, motos, embarcaciones, aeronaves, productos electrónicos, servicios de comunicación audiovisual, etc.; y transfieren 3 (tres) puntos de aportes patronales a la ANSeS para crear el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), que es un fondo de despido.

 

A su vez, el gasto que es financiado mayormente por la población con la exclusión de los ricos que pagan una ínfima parte de lo que se recauda, en la media sanción (la de la Cámara de Diputados de la Nación) como en estos dos años que se basó en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, que este gobierno modificó por decretos, se dio y se da prioridad al pago de los servicios de la deuda, supeditando todos los gastos a ese fin.

 

En la media sanción aprobada, en su Artículo 1ro. fija la regla según la cual “el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, priorizando el cumplimiento de los compromisos de la deuda pública como norma imperante a partir de la cual se subordinan recursos y gastos, y es a libre ejecución del gobierno, en una flagrante violación del Artículo 29 de la Constitución Nacional que prohíbe terminantemente que el Congreso otorgue al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público, calificando tales actos como nulidad insanable y a quienes los cometan como infames traidores a la patria.

 

Es más, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación el Mensaje 29 de proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con el mismo objetivo de darle facultades legislativas al gobierno para siempre.

 

En la media sanción, se anula el Artículo 65 de la ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que para hacer un nuevo canje de deuda se debe cumplir con la exigencia de al menos dos de los tres indicadores: Reducción de capital, extensión de plazos y/o baja de tasas de interés, preparando el camino para el irremediable canje ante la magnitud de la misma. La deuda (capital e intereses) que vence en divisas en el año 2026 es por 19.400 millones de dólares, y en el año 2027 por 14.800 millones de dólares, total de los dos años: 34.200 millones de dólares, y el BCRA, según el FMI, tiene Reservas Internacionales negativas por 16.000 millones de dólares,  y el Tesoro de la Nación cuenta con menos de mil millones de dólares para afrontar los pagos.

 

Es cierto que no se aprobó el Capítulo XI del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por lo tanto, deja sin efecto: Derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario , que tras haber sido vetadas este año por el Pode Ejecutivo, fueron ratificadas por ambas Cámaras del Congreso con más de dos tercios de los votos. También modificaban la Ley 27.637 que es la normativa que amplía el Régimen de Zona Fría para otorgar descuentos en la tarifa del gas a usuarios de regiones con bajas temperaturas, creando un Registro Único de Beneficiarios y estableciendo que jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, monotributistas, electrodependientes y otros grupos vulnerables reciban descuentos de hasta el 50% en sus facturas. Y por último pretendían sacar el ajuste automático por el IPC del INDEC para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, otorgando así al Poder Ejecutivo la facultad de ajustar las prestaciones de forma discrecional.

 

 

POLITICA MONETARIA

 

Obviamente el gobierno ha priorizado el endeudamiento público y privado y la mayor parte del ingreso de esas divisas se reconvirtieron en fuga de capitales

 

Demostrado palpablemente en una deuda pública que no deja de crecer porque por su magnitud no pueden cancelar la cuarta parte de los intereses que la misma devenga. En promedio, en los once meses transcurridos del año 2025, los intereses por mes de la Administración Nacional significan 2.460 millones de dólares, y se abonan 560 millones de dólares, capitalizando en bonos la diferencia.

 

La tarea de la dupla del JP Morgan que administran el BCRA, Santiago Bausili y Vladimir Werning, es garantizar que esa deuda se fugue al imponer el llamado carry trade (donde los precios y la tasa de interés deben crecer más que el precio del dólar), y el rol de la ARCA es no investigar la comprar de esas divisas y su fuga.

 

Por ende, presionados por el FMI, y presentado como el Programa Monetario del año 2026, deciden que, desde el 1 de enero de 2026, ajustaran el piso y el techo de la banda de flotación cambiaria de acuerdo al IPC del INDEC  con dos meses de anticipación (parangonando a la “tablita cambiaria” de Martínez de Hoz).

 

A su vez en el programa monetario anunciado disponen de metas de crecimiento de la Base Monetaria (que es la cantidad de dinero emitido y puesto en circulación por el BCRA), del crédito y de la oferta monetaria total en pesos, porque dicen que el BCRA va a comprar en el año 2026 entre 10.000 millones a 17.000 millones de dólares, según se trate de un escenario “Base” o un escenario “Optimista”.  Que la procedencia de esos fondos es principalmente por endeudamiento público (nacional y provincias) y privado.

 

En el programa monetario olvidan mencionar ex profeso que en el Balance Cambiario que realiza el mismo BCRA ,al 31 de octubre de 2025, personas humanas compraron y sacaron del circuito financiero local (fuga de capitales) U$s 34.420 millones de dólares, verdadero objetivo de la política de este gobierno que le permite a los sectores beneficiados comprar dólares y fugarlos, que seguramente una parte retorna como deuda pública y privada, y son las divisas que este programa monetario del BCRA pretende neutralizar limitando la expansión de la Base Monetaria y demás agregados financieros.

 

Tampoco hacen ninguna referencia al alto endeudamiento de las familias y de la mayoría de las pymes, financiadas a tasas confiscatorias del patrimonio de los primeros, y del capital de las pymes, tasas nominales anuales que implican más de tres veces la inflación anual a noviembre de 31,5%. En un sistema con alto nivel de deuda y con cada vez mayor mora en su cancelación o pago.

 

 

EN SINTESIS

 

La coherencia que busca el gobierno es un severo ajuste del gasto público, en lo que sea, en asistencia a los discapacitados, en la obra pública, en salud, en educación, en las remuneraciones a los empleados estatales, acompañada por una mayor reducción de los impuestos a los sectores de mayores ingresos, que incluso se los beneficia con el proyecto que fue aprobado en Diputados de “Inocencia Fiscal que a) Cambia el paradigma en el Régimen General e invierte la carga de la prueba. “todo contribuyente es inocente hasta que el ARCA demuestre lo contrario” ; y b) Genera el blindaje del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

 

Paralelamente atan la política monetaria y cambiaria al IPC que discrecionalmente publica el INDEC, con el objetivo de frenar el nivel de actividad si es necesario, para garantizar el carry trade, y con ello, la fuga de capitales que es lo que aplaude AEA (Asociación de Empresarios Argentinos) que recibe a Santiago Bausili con pompas y honores ante un visitante ilustre, y lo es porque trabaja para el JP Morgan y garantiza la fuga de capitales.